El que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, en la Audiencia Nacional - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño ha presentado recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que alega "clarísima indefensión" por la investigación que está realizando el juez Manuel García Castellón, instructor del 'caso Tándem' en el que el excomisario está procesado ya en dos piezas separadas.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, García Castaño insiste en que él no era fuente de información en la Policía para los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien se encuentra en prisión provisional desde que se abrió esta macrocausa, en noviembre de 2017.
Así lo expone la defensa del exjefe de la UCAO en su recurso de apelación contra su procesamiento en la pieza 2 de este caso, denominada 'Iron' y consistente en el encargo que habría hecho al Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo, un despacho de abogados para espiar a otro bufete de la competencia.
La Fiscalía Anticorrupción pide 52 años de cárcel para García Castaño por dos delitos de cohecho, un delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y siete delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares. El despacho perjudicado, Balder IP Law, no le acusa, según fuentes jurídicas.
La defensa considera que el juez instructor no tiene "indicios" de que el excomisario facilitara información a Villarejo y, por lo tanto, no puede enviarle a juicio. Además, el escrito denuncia que aún quedan diligencias por practicar que había solicitado García Castaño que beneficiarían a su defensa y que el instructor no ha atendido.
CADENA DE TRANSMISIÓN
Así, pide a la Sala que atienda su petición para que el Juzgado Central de Instrucción número 6 requiera correos electrónicos que se enviaron entre 2013 y 2016 los expolicías Antonio Bonilla y Constancio Riaño, también procesados en esta pieza 2, para poder demostrar que eran "amigos" y que ambos formaban una "cadena de transmisión" de información que llegaba hasta Rafael Redondo, socio de Villarejo en el Grupo Cenyt.
El exjefe de la UCAO cree que a la causa se han incorporado muy pocos correos que no dan muestra de la relación entre ambos policías y no permiten concluir que recibieran instrucciones suyas o si, por el contrario, estaban "llevando a cabo ese traslado de información bilateralmente sin mediar García Castaño", lo cual haría que no prosperara "una acusación de nada menos que 52 años de cárcel".
"Espera esta defensa que la Sala entienda la envergadura de la petición de pena y la injustificada negativa a ver esos correos, fundamentales, básicos, para que podamos ejercer nuestro derecho a la defensa. Esta Sala, como ya se ha indicado anteriormente, es la última oportunidad de poder ejercer con todas las garantías el derecho a la defensa, acordando, simplemente, que el instructor lleve a cabo esa diligencia", explica el recurso.
En cuanto a las gestiones que sostiene el instructor que realizó como jefe de la UCAO para Villarejo, el excomisario lo niega e insiste en solicitar "información sobre los números de fax que podrían haber sido utilizados por Villarejo, Redondo o cualesquiera otro de los investigados en la presente causa", así como de los números que remitieron faxes al "único" que había en la Comisaría General de Información, todo con objeto de "acreditar si García Castaño recibió o no en su fax de la UCAO" la petición de Cenyt para realizar ciertas gestiones.
También denuncia la defensa del exjefe de la UCAO que tuvo conocimiento de una pieza separada que contenía documentación que podía afectar a las piezas en las que está imputado su cliente y cuyo secreto de actuaciones se levantó después del auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) de 'Iron'. Esto, apunta, "violenta clarísimamente el derecho de defensa".
Como ya hizo en su recurso de reforma ante el juzgado, que fue rechazado, García Castaño reprocha al juez su actuación en la instrucción de esta pieza por haber acordado, "sin restricción alguna", todas y cada una de las diligencias que han propuesto los fiscales del caso, lo que implica "un escaso cuidado sobre la prevención del principio de igualdad de armas".
"Nuestro patrocinado está colaborando con la Administración de Justicia desde el inicio y no es de recibo que se vea sometido a esta presión de una de las partes y que no se le permita ejercer su defensa, en forma debida, sin dar siquiera una mínima respuesta a diligencias planteadas que no han sido debidamente respondidas. Es llamativo además que no exista ni una sola denegación a las propuestas por la Fiscalía, mientras son reiterados los rechazos u olvidos en tramitar respecto de las diligencias pedidas por esta representación y, en general, por todas las defensas", afirma.
INVESTIGAR LA "FILTRACIÓN" DEL ESCRITO DE FISCALÍA
Por otro lado, la defensa de García Castaño ha presentado un segundo escrito, esta vez ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, denunciando la "filtración" del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción a los medios de comunicación antes incluso de que fuera comunicado a las partes interesadas en la pieza 'Iron'.
En este sentido, pide al juez García Castellón que practique las diligencias de investigación necesarias en relación a estas "irregularidades, adoptando las medidas de carácter coercitivo e incluso sancionadoras a que hubiere lugar en su caso".
Señala que las informaciones publicadas el pasado 17 de junio se refieren a "fuentes fiscales" para citar el origen de la filtración, y advierte de que a lo largo de la instrucción de la causa se ha producido "una cantidad ingente" de ellas sin que el titular del juzgado haya encontrado solución a las mismas.
Por este motivo, incide en denunciar "enérgicamente" esas filtraciones interesadas sobre extremos de la causa que afectan directamente "a la honorabilidad y la imagen de un alto cargo policial, distinguido y condecorado por sus servicios a la comunidad", como es García Castaño.
Al hilo, advierte de que con estas publicaciones en prensa se desnaturaliza la fase de instrucción y, dado que en muchos casos son "sesgadas", si finalmente se acreditara la inocencia del comisario, habrían supuesto la "muerte civil" del mismo, por lo que el sobreseimiento "jamás podría reparar la afectación causada".
Por todo ello, la defensa solicita que el juez actúe al respecto ya que se podría estar ante la "presunta comisión de hechos punibles" y ante una vulneración del artículo 301 de la LEcrim que explicita que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral".
Y va más allá, porque pide al magistrado que abra una investigación "eficaz" con el objetivo de acreditar el origen último de estas filtraciones, teniendo en cuenta que "el círculo de posibles responsables es muy estrecho y plenamente circunscrito a la Fiscalía Anticorrupción".