Garzón.- La defensa denuncia por "tendenciosa" ante el TS la investigación realizada sobre el patrimonio del juez

Reuters

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez Baltasar Garzón ha denunciado ante el magistrado del Tribunal Supremo que le investiga por supuestos cohecho y prevaricación relacionados con la organización de unos cursos en Nueva York el carácter "tendencioso" de la investigación realizada por la Guardia Civil sobre su patrimonio.

Cree que deberían ser expurgados de la causa los datos sobre cuentas bancarias y actividades económicas de su esposa y de su hija, ya que se realizaron sin cobertura del auto judicial que ordenó las indagaciones el pasado mes de septiembre.

Además, la defensa de Garzón pide al magistrado Manuel Marchena que se investiguen las filtraciones a la prensa del documento de la benemérita después de que un diario digital informara de que su esposa, Rosario Molina, habría realizado un ingreso de 317.130 euros en una cuenta corriente a su nombre a principios de abril de 2005, un mes después de que el juez llegara a Nueva York con el permiso de estudios que le concedió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así consta en un escrito presentado el pasado 15 de febrero por el abogado de Garzón en esta causa, Enrique Molina, en la que se pide al instructor Manuel Marchena que cite a los funcionarios de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil firmantes del documento, "ya que algunas de las conclusiones que aportan parten de errores en los titulares de las cuentas corrientes y otras omiten datos relevantes incorporados en las declaraciones tributarias que los informantes han manejado".

REPUESTA DEL SUPREMO

En una providencia notificada este martes, y a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Marchena contesta a la defensa de Garzón que los agentes que realizaron la información sobre el patrimonio del juez suspendido de la Audiencia Nacional comparecerán en calidad de peritos una vez sean incorporados a la causa determinados "documentos bancarios interesados mediante comisión rogatoria cursada a los Estados Unidos".

Respecto a la denuncia de filtraciones, que según el abogado Molina podrían constituir un delito de revelación de secretos, el instructor del Tribunal Supremo señala que carece de competencia para averiguar este extremo, si bien da traslado a la Fiscalía "para la ponderación de las alegaciones del querellado" y para que "resuelva lo que estime conveniente".

Según Molina, la mención en la investigación de la Guardia Civil de datos relativos a la intimidad de la esposa e hija de Garzón (datps bancarios y de sociedades, gastos telefónicos, de grandes almacenes o en gasolina) carecen de la más mínima cobertura judicial para su unión a la causa y además debieron ser "inmediatamente expurgados de las actuaciones".

También denuncia que estos datos, que afectan a la intimidad de su cliente, llegaran a las demás partes personadas en la causa y fueran finalmente filtrados a la prensa

En otro punto del informe de la Guardia Civil, según la defensa de Garzón, se habla de una sociedad administrada por su hija, y se incorporan datos "sin indicar cuál es la fuente de conocimiento, ni la relevancia del dato ni la razón de la mención", a lo que se añade el hecho de que se trata de información de febrero de 2010, "y por tanto fuera del periodo concernido a la investigación (1 de marzo de 1005-30 de julio de 2006)".

El informe, concluye la defensa, "se transforma así en una pesquisa general de cobros y gastos absolutamente ajenos a los límites del presente proceso, llegándose a sembrar la duda sobre la procedencia y legitimidad de los saldos que presentan demasiadas cuentas corrientes".

La defensa se queja, en este sentido, de que el informe diga que "se desconoce el origen" de determinados fondos que aparecen declarados ante la Agencia Tributaria y que proceden de cuentas bien titularizadas por Garzón o de otras en las que tiene firma autorizada "cuyo detalle consta en las declaraciones fiscales que los mismos informantes han utilizado para presentar su análisis".

El pasado mes de septiembre, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ordenó a la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil que realizara un informe acerca del "origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por Garzón entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006", que fue el periodo durante el cual el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 organizó diversos cursos en el centro académico neoyorquino.

Esta petición se enmarca en la instrucción que el magistrado Marchena realiza a raíz de la querella presentada por los abogados murcianos José Luis Mazón y Antonio Panea contra Garzón por presuntos delitos de cohecho y prevaricación que podría haber cometido en relación con la dirección de los citados cursos.