Les tacha de parciales y afirma que sugirieron a familiares de franquistas que defendieran su prestigio ante los tribunales
MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La defensa del juez Baltasar Garzón en la causa por prevaricación que se tramita contra él en el Tribunal Supremo -por investigar presuntamente sin competencia los crímenes franquistas-, ha presentado un escrito de recusación contra cinco de los magistrados que componen el tribunal que va a juzgar este caso. Considera que no son imparciales porque fueron los mismos que admitieron la querella contra el juez ahora suspendido.
Se trata del propio presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra Ruiz, y de los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez García, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. Garzón considera que su intervención en varios momentos de la instrucción de la causa los inhabilita para juzgarle con la suficiente imparcialidad.
Según el escrito presentado este viernes ante el alto tribunal por el defensor de Garzón en este procedimiento, Gonzalo Martínez-Fresneda, la recusación se basa en el principio general de que quien participa en la instrucción de la causa está inhabilitado para juzgar ese mismo asunto.
Así lo prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el número 11 del art. 219 y así lo ha reconocido de forma reiterada la doctrina más sólida, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según se detalla en el escrito, que suma más de cuarenta folios.
Los cinco magistrados recusados intervinieron en la instrucción de la causa contra Garzón por el asunto de la memoria histórica admitiendo a trámite la primera querella contra el juez; realizando diligencias previas de instrucción antes de decidir la admisión a trámite de la misma; firmando resoluciones denegando de plano la personación de las víctimas de los crímenes franquistas y negándose a resolver sus diversas peticiones, entre otras actuaciones, según acredita la defensa del juez suspendido de la Audiencia Nacional.
El escrito subraya que, además, los magistrados recusados confirmaron el archivo de la instrucción y la prosecución de la causa contra Garzón, en contra de la reiterada opinión del Ministerio Fiscal, que solicitó el sobreseimiento hasta en siete ocasiones.
SUGERENCIA A LOS FRANQUISTAS
Añade que los ahora recusados incluso sugirieron "a los familiares de los presuntos responsables franquistas que acudieran ante los tribunales para defender su prestigio, presuntamente denigrado por las resoluciones dictadas por Garzon".
Además, Martínez-Fresneda insiste en su escrito en que los magistrados recusados han defendido una interpretación de la ley procesal determinada para intentar salvaguardar su propia competencia, "mostrando con ello un interés indirecto en ser ellos mismos quienes formen parte del tribunal que juzgue al juez Garzón, tras haber sido los que han admitido las querellas y controlado la instrucción, que ha supuesto la suspensión del juez".
Ello añade un motivo complementario de recusación, residenciado en el número 10 del art. 219 de la (LOPJ), como es tener interés directo o indirecto en el pleito o causa, añade el escrito.
TESTIGOS RECHAZADOS
La última decisión adoptada por los recusados -a los que hay que sumar los otros dos magistrados que completan la sala que juzgará a Garzón, que son Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero-, se conoció el pasado miércoles, cuando la Sala dio a conocer las pruebas aceptadas para la futura vista oral contra Garzón.
En este auto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó más de la mitad de los testigos solicitados por el juez Baltasar Garzón y únicamente declara pertinente la declaración de una veintena de representantes de asociaciones de la memoria histórica.
Entre los testigos rechazados, que son de gran interés por la defensa, están el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo -quien se ha destacado en la defensa pública de Garzón en los últimos meses-, así como los tres magistrados de la Audiencia Nacional que votaron en contra de declarar incompetente a Garzón.
Se trata de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Saéz Valcárcel, cuya asistencia al juicio se considera improcedente por el Tribunal Supremo porque su "opinión jurídica" ya ha sido expresada en los autos que en su día suscribieron. Se rechazan también los testimonios del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y de la fiscal de este órgano y amiga personal de Garzón Dolores Delgado.
EXPERTOS RECHAZADOS
Entre los doce expertos internacionales cuya intervención en el juicio había sido solicitada por Garzón y que tampoco podrán comparecer se encontraba la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional por los delitos en la antigua Yugoslavia Carla Ponte o el profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York Philip Alston.
Tampoco podrán participar en el juicio los especialistas en jurisdicción universal Claudio Grossman, Ronald Gamarra, Eugienio Raúl Zaffaroni, Juan Guzmán (el juez que abrió varias causas a responsables de la dictadura chilena en ese país), Juan Méndez, Hugo Relva, Sergio García Ramírez, Eduardo Freire (autor de resoluciones sobre inaplicabilidad de leyes de obediencia debida y punto final en Argentina), Fernando Mariño, Hernán Hormazábal y Eric David.
