Publicado 07/07/2020 18:05:59 +02:00CET

El Gobierno aprueba la extradición a Perú del exjuez César Hinostroza

La Audiencia Nacional descartó la entrega por el presunto delito de organización criminal

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprobado este martes la extradición a Perú del exmagistrado César José Hinostroza Pariachi por los posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

La decisión llega después de que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmara el pasado 23 de septiembre la entrega del juez de la Corte Suprema de Perú. Las autoridades peruanas le reclamaban también por el presunto delito de organización criminal, pero los magistrados rechazaron incluirlo al entender que no se dan los "datos objetivos de la mecánica operativa diseñada por la organización o el grupo, en qué se concretó y cuál fue la participación concreta de cada uno de los miembros.

La Audiencia Nacional explicó en su auto que en los hechos incluidos en la solicitud de extradición se describen conductas del exjuez que podrían integrar los delitos de tráfico de influencias, en cuanto que suponen el ejercicio de influencia y presión moral eficiente, aprovechando su cargo como juez supremo "y su amistad con los influidos que sabe le guardan lealtad, para obtener resoluciones administrativas guiadas por intereses ajenos a los públicos que deben guiarlas y que han supuesto beneficios económicos para él".

El Ministerio de Justicia explica en un comunicado que la aprobación de la entrega no ha podido producirse antes por varios motivos. En primer lugar, por el largo periodo en funciones durante el cual el Gobierno no podía acordar extradiciones cuando el reclamado se encuentra en libertad (como es el caso); después por el requerimiento para declarar en sede judicial respecto a una segunda solicitud de extradición; y finalmente, por la crisis sanitaria del coronavirus por la que se paralizaron todas las extradiciones a causa de la crisis del COVID 19.

EN LIBERTAD PROVISIONAL

Hinostroza huyó de su país el 7 de octubre de 2018 y fue detenido diez días después en España, donde pidió asilo. Como consecuencia de una orden internacional emitida por las autoridades peruanas, fue detenido y enviado a prisión provisional por riesgo de fuga tras declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata. No obstante, la Sala de lo Penal acordó su puesta en libertad provisional, situación que mantiene en la actualidad.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró, en un auto con fecha del 13 de mayo de 2019, procedente la extradición de manera parcial, accediendo a la entrega para su enjuiciamiento por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, pero denegó la entrega por organización criminal.

Esta decisión fue confirmada por el Pleno de la Sala en septiembre de 2019, tras desestimar el recurso del propio exmagistrado como de la Fiscalía y la representación peruana, que insistían en incluir el delito descartado.

A esta primera solicitud de extradición se suma otra, emitida el pasado mes de febrero con la intención de ampliar la solicitud de extradición para el enjuiciamiento por hechos que no integraron la petición original.

UNA SEGUNDA RECLAMACIÓN

La nueva reclamación incluye un presunto delito de cohecho activo, ya que, según las autoridades peruanas, Hinostroza entregó la cantidad de 10.000 dólares a una funcionaria pública encargada del control de migraciones en la localidad de Tombes.

Su objetivo era impedir que se activase la alarma de prohibición de salida del país, conforme a lo establecido en una orden judicial, logrando así salir de Perú y llegar a territorio ecuatoriano, para desde allí viajar a España, señala el Ministerio de Justicia.

El consejo de Ministros acordó el pasado 3 de marzo de 2020 la continuación en vía judicial del procedimiento de ampliación de la extradición y, actualmente, se encuentra pendiente de decisión por la Audiencia Nacional.

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