MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, ha subrayado este viernes que "no ha habido ninguna decisión ni ninguna resolución de la ONU" sobre políticos independentistas, en particular sobre el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y cree más bien que ha habido "una manipulación por parte de algunos".
"Quiero dejar muy claro que esto no ha sido ni siquiera admitido a trámite", ha recalcado. Según ha dicho, lo que ha sucedido es que el Comité de Derechos Humanos ha recibido "una comunicación de una persona (Jordi Sànchez) alegando una supuesta violación de sus Derechos Humanos" y la ha "transmitido al Estado parte para que responda".
El Estado tiene un plazo de seis meses para responder y, si lo desea, puede presentar alegaciones contra la admisibilidad en un plazo reducido de dos meses. En la misma situación está la queja que presentó el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Castro ha hecho esta puntualización a preguntas de los diputados en una comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento. En concreto, ha aprovechado para explicar que el Comité de Derechos Humanos no es un órgano judicial y no emite sentencias, sino que es un comité formado por expertos, que trabajan "fundamentalmente a título personal", encargado de velar por la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Si la denuncia se admite, el organismo, en su caso, hace "observaciones técnicas", mientras que los órganos judiciales, como es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, emite sentencias de obligado cumplimiento. Castro ha recalcado que este Comité al que ha llegado la denuncia de Sànchez tampoco es lo mismo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el "gran órgano intergubernamental" del que España forma parte actualmente.
El Comité de Derechos Humanos envió su comunicación sobre la denuncia de Jordi Sànchez al Estado español el pasado 23 de marzo, y en ella decía que el Estado debe asegurar el cumplimiento de los derechos políticos del denunciante. Eso fue lo que los diputados autonómicos de JuntsxCat esgrimieron para presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat.
Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, afirmó poco después que el Comité "solo ha acusado recibo de una petición" y, en todo caso, ha añadido que, aun sin querer entrar en interpretaciones jurídicas, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en que se basa el Comité dice que los derechos políticos no pueden estar sometidos a "restricciones injustificadas". En el caso de Sánchez, dijo, lo que hay es una decisión de un juez de manera que eso es "una restricción justificada".
Ahora, la redacción de la respuesta del Gobierno español al Comité está en manos de la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia y puede optar por responder en un plazo de seis meses o alegar la admisibilidad en un plazo de dos.
Para valorar la admisibilidad de la denuncia se examinan requisitos formales, entre ellos si el Comité debe revisar hechos y pruebas de casos resueltos por los tribunales nacionales, puesto que los comités no pueden actuar como órgano de apelación.
También si la denuncia está suficientemente fundamentada, si el asunto está sometido a otro órgano internacional o si se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción interna, un asunto que puede ser clave en los casos de los políticos independentistas. Según fuentes conocedoras del proceso, desde que España se adhirió a este procedimiento de la ONU en los ochenta solo se han admitido alrededor de un tercio de las quejas presentadas.
