Gobierno vasco se reunirá con el PNV para que se sume al Plan de Paz, aunque lo aprobará igualmente si no lo logra

VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco se reunirá en los próximos días con el PNV para tratar de lograr su respaldo al Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia, que, pese a todo, pondrá en marcha a partir de septiembre, con independencia de si los 'jeltzales' mantienen su rechazo o cambian su postura. Además, los nuevos materiales didácticos que se elaboren no se usarán de forma generalizada desde el principio, sino que se someterán a un pilotaje.

El Ejecutivo autonómico ha retrasado la aprobación del texto --inicialmente prevista para el día 27-- y ha extendido 15 días el plazo para que los diferentes grupos presenten sus aportaciones, ante el rechazo de partidos como el PNV o Aralar al borrador que el Gobierno aprobará en las próximas semanas.

Desde el gabinete de Patxi López se considera que dos semanas es tiempo suficiente para alcanzar un acuerdo, en caso de que exista "voluntad" para ello. De momento, partidos como PNV y Aralar han mostrado su rechazo frontal al plan, por creer que responde a un objetivo político y que concede excesivo peso a los testimonios presenciales de las víctimas del terrorismo en las aulas.

El Gobierno, en relación a este asunto, precisa que la educación es sólo uno de los ejes de actuación a los que se refiere este programa, que también contempla la atención a las víctimas, la elaboración de estudios e investigaciones, y actuaciones en el ámbito de la juventud. Además, recuerda que el programa "nace" de la Ley de víctimas del Parlamento vasco y de un mandato de la propia Cámara.

"ERROR" DEL PNV

Con el fin de acercar posturas con las formaciones que se oponen al borrador, el Ejecutivo tiene previsto mantener contactos en los próximos días con diversos partidos, y especialmente con el PNV. La Presidencia del Gobierno realizará "un esfuerzo negociador", principalmente con los 'jeltzales', puesto que "sería un error para ellos y muy malo para la sociedad vasca que un partido tan importante se quedara fuera" de esta iniciativa.

En el caso de que se registren avances en la negociación, el plazo de 15 días podría flexibilizarse. No obstante, el Gobierno mantiene su objetivo de que el texto, que supone una reformulación del Plan de Educación para la Paz elaborado por el gabinete de Juan José Ibarretxe, comience a aplicarse a partir del mes de septiembre, al inicio del próximo curso escolar, y con independencia de si se incrementan las adhesiones al documento, que en la actualidad dispone del apoyo de PP y UPyD.

"EL GOBIERNO DEBE GOBERNAR"

En esta línea, desde la Presidencia se recordó que "el Gobierno debe gobernar", por lo que, sea cual sea el resultado de las negociaciones, el plan será aprobado en Consejo de Gobierno en las próximas semanas. A partir de ahí, aún no se ha decidido cómo se tramitará el documento en el Parlamento, es decir, si se realizará una mera presentación del mismo o si, por el contrario, los grupos podrán realizar aportaciones al mismo a través de propuestas de resolución.

Aunque los contenidos del texto aparecen recogidos ya en el nuevo currículum educativo aprobado por el Ejecutivo, las materias concretas que deban impartirse en las aulas a través de materiales didácticos nuevos no se trasladarán a los alumnos de forma generalizada, sino que, al igual que se hace con todos los materiales de nueva creación, se someterán a un programa piloto sobre un número determinado de estudiantes.

Una de las cuestiones más polémicas del texto, la presencia física de las víctimas del terrorismo en las aulas para trasladar su testimonio a los alumnos, no está regulada a través de un procedimiento específico y tampoco está limitada a las víctimas de ETA, sino que también deja abierta la posibilidad a la participación de damnificados por grupos como los GAL o el Batallón Vasco Español.

Desde el Gobierno se explica que los centros podrán elegir el tipo de víctima que quieren llevar a sus aulas, de acuerdo a su autonomía, aunque para ello contarán con "ayuda" de la Dirección de Víctimas del Ejecutivo autonómico y de los propios colectivos de damnificados. Respecto a la posibilidad de que los centros realicen su elección de acuerdo a un determinado sesgo ideológico, priorizando las víctimas de un determinado grupo sobre las de otro, el Ejecutivo confía en el "sentido común" de los docentes.

"DESLEGITIMACIÓN MÁS NÍTIDA"

En esta línea, el Ejecutivo precisa que "van a estar todas las víctimas", aunque advierte de que "no vamos a engañarnos", puesto que la mayor parte de los damnificados por el terrorismo corresponden a ETA, que, además, es la única organización terrorista que se mantiene en la actualidad y que goza de "respaldo social" en Euskadi. Por ese motivo, el texto actual pretende evitar que se produzca "una difuminación o pérdida de perspectiva" respecto al terrorismo de ETA, para lo que plantea "una deslegitimación más nítida" del mismo.

Ante las críticas a los testimonios presenciales de los damnificados, el Gobierno defiende que "la experiencia directa a través del hecho físico es un elemento educativo importante". El equipo de Patxi López está "convencido" de que ETA se encuentra en sus "estertores", por lo que espera que el documento contribuya a acelerar el final de la banda.

Respecto a las dudas existentes en torno a si el plan actual sustituye al elaborado en la época de Ibarretxe, o si algunos de los contendidos de este último siguen vigentes, desde el gabinete de Patxi López se subraya que se trata de una "reformulación". "Los planes del otro Gobierno son planes del otro Gobierno", explican en este sentido fuentes de la Presidencia, que añaden que el documento anterior no les "gustaba".

ZULOS

Por otra parte, el Ejecutivo manifiesta que las referencias a la posibilidad de recrear un zulo en las aulas --también objeto de censura por parte de algunas formaciones-- ya estaba contemplada en el plan elaborado por Ibarretxe. Además, precisa que "no se va a ir a las aulas con picos y palas a hacer zulos", pero que tampoco se va a ocultar la existencia de ésta y de otras formas de tortura practicadas por los terroristas.

Otra de las críticas al plan consiste en que, a diferencia del anterior, éste se centra en los damnificados del terrorismo y no contempla otro tipos de violencias, como la que se ejerce contra la mujer, la motivada por cuestiones raciales o la derivada de la pobreza y explotación de los países del Sur.

Desde el Ejecutivo se destaca la necesidad de hacer un programa "específico" sobre el terrorismo, dado que Euskadi padece el problema específico, respecto a otras comunidades y países de su entorno, de la persistencia de este tipo de violencia a través de ETA. Además, se considera que otro tipo de violencias y vulneraciones de derechos humanos ya están contempladas en la signatura de Educación para la Ciudadanía, que no estaba vigente cuando se aprobó el texto anterior.

"OBJETIVOS POLÍTICOS"

Asimismo, el gabinete de Patxi López reconoce que el plan tiene "objetivos políticos", pero rechazó que éstos respondan a fines partidistas, sino a la necesidad de deslegitimar un terrorismo "sustentado en una visión totalitaria de la política". También defiende la reivindicación del sistema democrático institucional a través del documento, dado que dicho sistema es esencial para proteger los valores democráticos.

Las mismas fuentes explican que no se pretende fomentar "una ideología partidista ni una defensa de la identidad española ni de ninguna otra", sino que de lo que se trata es de defender los valores y las instituciones democráticas. "No vamos de Cruzada", señalan.