BRUSELAS, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, afirmó hoy que la decisión de su departamento de paralizar el plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia para el barrio del Cabanyal, que incluye la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar a través de este antiguo barrio de pescadores, no tiene "marcha atrás" y sólo es recurrible ante los tribunales.
"Es una decisión sin marcha atrás", dijo la ministra de Cultura en declaraciones a la prensa tras presentar en Bruselas el programa cultural de la presidencia española de la UE. Agregó no obstante que la Generalitat valenciana o el Ayuntamiento podrán recurrir la paralización del plan ante los tribunales si lo consideran oportuno.
González-Sinde justificó la suspensión de las obras por la necesidad de proteger el patrimonio histórico y cultural y rechazó las críticas del Ayuntamiento de Valencia, que ha calificado de "vergonzosa y sospechosa" la forma en que el ministerio de Cultura comunicó su decisión sobre el Cabanyal, alegando que su departamento se ha limitado a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2009 que le exigía determinar si el plan implicaba un expolio patrimonial.
"Había un mandato judicial del Tribunal Supremo que había que cumplir, y el plazo era el que era. El plazo se había cumplido y había que hacer caso a esos informes que se habían pedido y que se habían recibido. El ministerio tenía que emitir ese comunicado antes o después", explicó la ministra de Cultura.
Resaltó que "España es el segundo país en bienes declarados patrimonio de la humanidad sólo por detrás de Italia", con 41 espacios protegidos. "Es un país líder no sólo en materia cultural sino en conservación del patrimonio, en inversión en restauración y en una serie de cuestiones que cualquier ciudadano sabe cómo contribuyen en su ciudad o en su pueblo a que cambie completamente la economía y la dinámica de vida", dijo González-Sinde. "España, en esa línea, tiene que seguir preservando", insistió.
El ministerio de Cultura emitió este lunes una Orden donde declara como "acto de expolio" del patrimonio histórico las actuaciones derivadas del 'Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyameral (PEPRI)' que se han llevado a cabo y se proyectan realizar, y declara la obligación de los titulares de los bienes que integran el conjunto de suspender inmediatamente la ejecución del plan hasta que no se "adapte y garantice" sus "valores histórico-artísticos".
El ministerio explica que esta decisión está "avalada por informes técnicos" entre los que destacan los presentados por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España; la Real Academia de la Historia; el Museo Nacional de Cerámica 'González Martí' y por el propio ministerio, "tal como es preceptivo".
