Greenpeace acusa al Gobierno de criminalizar las manifestaciones y anima a los ciudadanos a protestar este sábado

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Greenpeace ha acusado al Gobierno de querer "criminalizar las protestas" en la calle, y por ello, ha animado a los ciudadanos a que "individualmente y siempre de forma pacífica" muestren su rechazo a la futura Ley de Seguridad Ciudadana --que bautizan como "Antiprotesta"-- este sábado.

En una rueda de prensa en la sede de Greenpeace, el portavoz de la organización, Miguel Ángel Soto, y el director ejecutivo, Mario Rodríguez han explicado que voluntarios de Greenpeace se sumarán a esta movilización "en más de veinte ciudades", y han animado a los ciudadanos a colocar "mordazas" en la calle para así "exponer de forma simbólica el descontento de la sociedad" ante esta ley. Asimismo, han ofrecido un detallado análisis del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, así como una valoración de la misma.

En esta línea, han tachado la ley de "indecente" e "inmoral" y la denominan la "ley mordaza". A su juicio, el Gobierno "busca una mayoría silenciosa" y quiere "amedrentar" a la sociedad "con el dinero de una multa" y así generar "un miedo social" través de las infracciones y las "multas excesivas" contempladas en la futura norma.

También han explicado que en el anteproyecto de la ley "hay siete tipos de infracciones muy graves que pueden ser multadas entre 30.0000 y 600.000; 31 tipos de infracciones graves que pueden ser multadas entre 1.001 euros y 300.000, y veinte tipos de infracciones leves sancionadas entre 100 euros y 1.000 euros", criticando así que en el anteproyecto "se triplica el número de conductas sancionables" y se incrementan "las cuantías".

CLÁUSULA CONTRA GREENPEACE

El portavoz de la organización sostiene que el Gobierno "quiere criminalizar" los "modelos de protesta actuales" como los "escraches", para así evitarlos. Además, cree que en la ley "hay una cláusula Greenpeace", puesto que se tipifica como infracción grave los métodos habituales de protesta de esta organización como el "escalamiento de edificios públicos" o las manifestaciones no comunicadas en "infraestructuras críticas, o en sus inmediaciones".

Según Greenpeace, con lo estipulado en la reforma, por la protesta que hoy han protagonizado varios de sus activistas intentando amordazar a los leones de las Cortes, la organización ecologista podría llegar a pagar una multa de 90.000 euros.

"No nos van a parar" a pesar de las multas, ha reiterado Rodríguez, lamentando las "excesivas cuantías" ya que "una persona que gana 600 euros al mes, si le ponen multa de 1.000 euros, le están fastidiando la vida". "Un ciudadano tiene derecho a ejercer la libertad de expresión sin necesidad de que le amedrenten con el dinero de una multa", ha subrayado.

Según ha expuesto Soto, actualmente "no hay una demanda social en España" que lleve a la elaboración o reforma de la ley actual" y que con ella, "se intenta crear un motivo de alarma que no existe", aludiendo a una encuesta del CIS en la que la inseguridad "tan solo es valorada por un 2,3 por ciento".

"Nadie percibe que hay inseguridad", ha matizado, insistiendo en que el Gobierno insiste en hacer ver a la sociedad un problema que no existe. "Solo un 0,7 por ciento de manifestaciones que se realizaron en 2012 requirieron la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha argumentado.

PASO DE SUJETOS DE DERECHOS A SUJETOS DE SOSPECHA

Greenpeace critica la "vaguedad e imprecisión" del texto, que en su opinión, vuelve a "conceptos anticuados de épocas no democráticas". "Si antes éramos sujetos de derecho, ahora somos sujetos de sospecha", ha enfatizado Soto respecto al ejercicio de los derechos de libre expresión, reunión y manifestación.

De igual forma, ha recalcado que con la ley "aumenta la indefensión" porque "la tutela judicial pasa a la policial". Con el sistema actual, han subrayado, "quien denuncia tiene que demostrar" si se ha cometido un acto "ilícito" mientras que con esta reforma, debido al principio de veracidad, "quien te detiene decide si es ilícito".

Por todo ello, esperan que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, "anuncie la retirada" de la futura Ley para que así se garantice "el respeto a los derechos fundamentales". "Entendemos que hay que despenalizar el ejercicio de los derechos humanos", ha matizado Soto, aludiendo a la defensa de estos derechos también en un marco europeo e internacional.

De hecho, han precisado que están preparado un informe "con una argumentación jurídica más fuerte" y que pretenden enviarlo en un futuro a organizaciones e instituciones, para seguir denunciado esta Ley "Antiprotesta".