Guinea Ec.- Amnistía advierte de que 360 familias podrían ser desalojadas a la fuerza en Malabo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) ha advertido de que más de 360 familias corren peligro de ser desalojadas de sus viviendas en varios barrios de Malabo y muchas podrían quedar sin techo durante la estación de las lluvias. Según AI, la actual política de desalojos responde a las presiones para utilizar la tierra con fines comerciales y para construir residencias de lujo como consecuencia de la prosperidad generada por el 'boom' del petróleo.

Según una acción urgente emitida por la organización el pasado martes, las autoridades les han dado a estas familias un plazo de 15 días para abandonar sus casas antes de la demolición de éstas, cuyo comienzo estaba previsto para ayer y que durará hasta el 30 de noviembre. Amnistía Internacional teme que la Policía y las Fuerzas Armadas hagan uso de "fuerza excesiva" para desalojar a estas familias.

Según Amnistía Internacional, a estas familias no se les había avisado previamente de forma adecuada de los desalojos. Las autoridades tampoco han consultado a las comunidades afectadas, no se les ha ofrecido alojamiento alternativo ni indemnización, ni se les ha brindado la oportunidad de impugnar los desalojos ante las autoridades judiciales.

El pasado 7 de noviembre, las emisoras nacionales de radio y televisión difundieron una declaración oficial sobre el programa de rehabilitación urbana del Gobierno, en cuyo contexto se ordenaba que los residentes de varios barrios abandonaran sus viviendas en un plazo de 15 días.

Entre los barrios que se citaron estaban Mendoza, Obras Públicas, Cuatro Ases y La Paz, todos en el centro de Malabo; Samu, en la periferia de Malabo; y La Vigatana, un Consejo de Poblado situado a las afueras de Malabo. El día anterior, 6 de noviembre, tres funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Urbanismo habían visitado estos barrios para, al parecer, tomar medidas de tierras y edificios. Los funcionarios dijeron a los residentes que tenían 15 días para desocupar sus viviendas.

El 10 de noviembre, tras la celebración de una reunión del Consejo Interministerial, se anunció en la radio que la demolición de las viviendas comenzaría entre el 15 y el 30 de noviembre de 2006. Las autoridades pidieron a los residentes que desocuparan sus viviendas antes de esa fecha.

En el barrio de Obras Públicas, 40 de las aproximadamente 115 familias afectadas comenzaron a desocupar sus viviendas, de propiedad del Estado, el pasado lunes 13 de noviembre, para evitar, al parecer, la posibilidad de que se produjeran enfrentamientos con la Policía si las encontraban en sus casas después del 15 de noviembre. Algunas de estas familias se han alojado temporalmente con familiares o amistades; otras no tienen adónde ir.

A los residentes de La Vigatana, donde corren peligro 250 familias, les ordenaron oficialmente desocupar sus viviendas el pasado 6 de octubre y les dieron un plazo de 90 días para hacerlo. No recibieron ninguna otra comunicación oficial hasta el 6 de noviembre, fecha en que unos funcionarios fueron a La Vigatana para tomar medidas, y posteriormente el 7 y 10 de noviembre, cuando se emitieron los anuncios por radio.

Tras recibir la notificación del 6 de noviembre, algunos residentes enviaron cartas a las autoridades con el fin de entablar negociaciones sobre alojamiento alternativo e indemnización. Hasta la fecha no han recibido respuesta, según Amnistía. Se desconoce el número de familias que se enfrentan al desalojo forzoso en los demás barrios afectados.

EL 'BOOM PETROLERO'

Amnistía Internacional recuerda que Guinea Ecuatorial es el tercer productor africano de petróleo, con aproximadamente 400.000 barriles por día. "La nueva prosperidad creada por el 'boom' del petróleo ha provocado presiones para utilizar la tierra con fines comerciales, así como para construir residencias de lujo", según la organización.

En este contexto, las autoridades han emprendido un programa de reconstrucción de la infraestructura y las principales ciudades del país y, según informes, han manifestado públicamente en reiteradas ocasiones su intención de poner fin al "chabolismo". Sin embargo, fuentes citadas por AI han asegurado que muchas de las viviendas demolidas durante los últimos dos o tres años eran estructuras sólidas en barrios bien establecidos y que la gran mayoría de sus ocupantes poseían títulos de propiedad.

En julio de 2006 fueron desalojadas unas 300 familias y se destruyeron sus viviendas en los barrios de Atepa y Camaremy, a lo largo de la carretera que comunica el aeropuerto de Malabo con el Ayuntamiento de Ela Nguema, con el fin, al parecer, de hacer sitio para una nueva carretera. Entonces tampoco se notificó ni consultó a los residentes antes de los desalojos y no se les brindó la oportunidad de impugnar las decisiones de las autoridades ante la justicia. Todavía no han recibido indemnización alguna.

El pasado 4 de septiembre, en respuesta a la pregunta de un parlamentario, el primer ministro, Ricardo Mangue Obama Nfube, aseguró ante el Parlamento que los desalojos forzosos no volverían a ocurrir, que nunca más se iba a dejar a la gente sin techo y que siempre se le ofrecería alojamiento alternativo.