MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El abogado defensor de Pablo Crespo, Ignacio Peláez, afirmó hoy que estudia querellarse contra el juez Baltasar Garzón y pedir la nulidad de las actuaciones en lo que se refiere a su cliente al considerar que se "ha quebrantado" su derecho a la defensa y el secreto de comunicaciones entre letrado y defendido.
Peláez se refirió, en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press, a la conversación en la que supuestamente el 'número dos' de la trama Gürtel exculpó al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del pago de los trajes. El abogado de Crespo calificó como "grave" que Garzón, el instructor y la Fiscalía "conociesen cual era su estrategia de defensa" porque eso significa que el imputado "iba declarar, como se dice vulgarmente, vendido".
"Lo grave es que cuando fui a declarar ante Garzón el ya conocía mi estrategia de defensa", insistió, para poner de manifiesto "la indefensión" que sintió en ese momento. Dicho esto, anunció que presentará un recurso de nulidad de las actuaciones relativas a su cliente y estimó que es "ilícito" el material obtenido como consecuencia de las comunicaciones que deben ser secretas entre abogado y defendido.
"ESTADO POLICIAL"
A su juicio, es "llamativo" que se eliminase presuntamente del sumario una conversación que podía favorecer a Camps y rechazó que se trate de un despiste que "haya desaparecido" del sumario. Además, subrayó que pedirá amparo al Colegio de Abogados al estimar que se ha quebrantado su derecho a la defensa porque si no, advirtió, "vamos a llegar a un momento en que va a valer todo".
"No tengo que aceptar que estoy viviendo en un Estado Policial", prosiguió la Defensa de Crespo, quien denunció que se ha vulnerado, a su juicio, la Ley de forma "flagrante". Tras ello, puso de relieve que la obligación del fiscal no se centra sólo en la acusación sino también en velar por el derecho del defendido y por la defensa de la legalidad. "Presumía que el Ministerio Fiscal no iba a permitir la barbaridad de intervenir las comunicaciones mías con los defendidos", remachó.
Además, mostró su intención de pedir que se unan al procedimiento los originales de las cintas, dvds y demás soporte, "todo lo que se han intervenido para saber todo lo que se ha escuchado". "Tengo la sensación de que estoy en un Estado policial y lo que le voy a decir a mi cliente es que directamente firme una sentencia condenatoria, que se va a ahorrar dinero y tiempo", ironizó, para exponer que la intervención de las comunicaciones sólo está permitida en casos de terrorismo y "cuando se tenga la seguridad de que el abogado está colaborando con la banda armada". "Única y exclusivamente", concluyó.
