MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, interrogó hoy a dos de los 64 imputados en la trama corrupta, entre ellos a una abogada relacionada con el despacho que se encargó de crear supuestamente la estructura exterior de la red de Francisco Correa para blanquear el dinero en paraísos fiscales.
Se trata de la letrada María Torres Riba, del bufete De Miguel y Abogados Asociados S.L. El abogado Luis de Miguel es titular de este despacho, que sirvió presuntamente para pergeñar el entramado de empresas que se creó en el exterior.
Tras declarar durante una hora y media, el juez Pedreira imputó a Torres participación en una trama y los delitos genéricos de asociación ilícita, fraude fiscal, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
De Miguel fue la persona que propuso a Antoine Sánchez, el primo de Correa, invertir en el exterior el dinero que había obtenido de sus negocios en África. Así, puso el patrimonio para la constitución de las sociedades Kintamani y Osiris, las principales empresas de Correa en el exterior.
El ex vicepresidente de Repsol José Ramón Blanco Balín, asesor financiero y testaferro de Correa, heredó en 2005, junto con el ex dirigente popular Pablo Crespo, la estructura empresarial montada en España y en el extranjero por De Miguel.
La investigación del juez Pedreira está centrada en averiguar el paradero del dinero desviado por la 'red Gürtel' a paraísos fiscales, una cantidad que supera los 50 millones de euros. El magistrado está a la espera de que le llegue la información de las comisiones rogatorias remitidas a quince países.
Con los datos en la mano, el juez llamará a declarar a Blanco Balín, figura clave en el entramando financiero creado por la trama. El ex vicepresidente de Repsol declaró el pasado 18 de febrero ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Por otro lado, el magistradó tomó declaración a Francisco Leal Bravo, miembro de los órganos de administración de las sociedades Good & Better y Easy Concept. El imputado declaró durante una hora, acusándole de los delitos genéricos de la causa.
Leal Bravo fue contratado por Downtown Consulting para encargarse de las bases de datos de la Oficina de Atención al Ciudadano de la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
Boadilla constituye uno de los epicentros de los movimientos corruptos de la red de Correa. En el municipio tuvieron lugar cuatro de las grandes operaciones, entre ellas la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano a Easy Concept a principio de 2005 por 506.000 euros anuales durante 14 años.
Además, el Ayuntamiento dio en 2005 una conceción de 32 locales comerciales y 180 plazas de aparcamiento a una empresa de Blanco Balín por un canon anual de 320.000 euros.
Asimismo, se atribuye la adjudicación de una parcela a UFC en octubre de 2005 por 27 millones de euros, y la concesión de la obra de la Ciudad Deportiva de Boadilla a la Constructora Hispánica en mayo de 2007 por unos 30 millones. Ambas constructoras están relacionadas con las empresas ligadas a Correa.
