Acusación que dirige Hazte Oír pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez y retirarle el pasaporte por "riesgo de fuga"

   MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

   La acusación popular que lidera Hazte Oír en el 'caso Begoña Gómez' ha reclamado 24 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por "evidente riesgo de fuga".

   En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la organización pide la apertura de juicio oral contra la esposa de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

   Lo hace en representación de las diversas acusaciones populares de la causa, en la que también están personados Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España.

   Hazte Oír también pide 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, por presunta malversación y por ser "cooperadora necesaria" en el resto de delitos que también atribuyen a la esposa del presidente.

   Asimismo, solicita seis años de cárcel para el empresario Juan Carlos Barrabés por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

   Y considera que existe "un evidente y fundado riesgo de fuga por parte de los tres", por lo que interesa que como medidas cautelares se les imponga la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días en sede judicial.

   El juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, indagó en cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento de Álvarez como su asesora en Moncloa.

ACUSA A GÓMEZ DE OFRECER A DIRECTIVOS "INTERLOCUCIÓN" CON SÁNCHEZ

   Con respecto de la creación de la cátedra, Hazte Oír señala que Gómez, "aprovechando su relación con el presidente del Gobierno", ofreció "directa o indirectamente" a distintos directivos de "grandes y medianas empresas su interlocución" con su esposo.

   Y expone que también ofrecía "su participación pública" para, según la asociación, "obtener, a cambio, contraprestaciones tanto económicas como de aportación de servicios y trabajos" para su "favorecimiento personal" y "con un coste cero para ella".

   "Tal proceder motivó la obtención de patrocinios, servicios, soporte técnico, capital relacional y posicionamiento competitivo para poder realizar un programa informático único en el mercado y a un precio altamente competitivo, pues lo obtuvo sin coste. Y ello por ser su intención, desde un primer momento, desviar la propiedad del producto final, a su propio patrimonio", indica.

   En cuanto a la asesora, Hazte Oír explica que su "retribución está vinculada a la gestión de la agenda pública e institucional" de Gómez, y no para "pagar una actividad laboral al servicio de los intereses laborales y mercantiles privados de la misma".

   "Y por ello, Álvarez, con ánimo de lucro, ha estado percibiendo y apropiándose de un sueldo establecido en razón de sus funciones públicas dedicando su tiempo de trabajo a la actividad laboral de Gómez", manifiesta.

   El escrito aporta una lista de reuniones y actos en los que la asistente acompañó a Gómez, cuya descripción, según Hazte Oír, "hace que no se tratara de actos aislados o de mera cortesía institucional".

   Por otro lado, la asociación da cuenta de que Gómez y Barrabés "iniciaron una relación profesional y personal" en paralelo a diversas "iniciativas comunes vinculadas al proyecto de la futura cátedra".

   Y que la esposa del presidente "firmó, en su condición de codirectora del máster, dos cartas de apoyo de dos ofertas vinculadas a Barrabés" en procedimientos de la empresa pública Red.es. Estas ofertas "resultaron adjudicatarias de dos contratos" en julio y agosto de 2021.

LOS TESTIGOS

   Hazte Oír pide que testifique el propio Sánchez y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, porque la asociación considera que su testimonio "es determinante para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez y el alcance funcional del puesto", habida cuenta de que él dirigió la Secretaría General de la Presidencia.

   Asimismo, la acusación solicita que testifique el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, para que dé cuenta sobre la creación de la cátedra, así como de las "reuniones mantenidas en Moncloa".

   Y para explicar la relación entre Gómez y Barrabés, Hazte Oír pide que declaren el empresario Víctor de Aldama, acusado en el juicio que se celebra desde principios de abril en el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, y Javier Hidalgo, exCEO de Air Europa.

   También solicita la testifical de las personas implicadas en la creación de la cátedra y en las empresas vinculadas a ella. Además, pide que declaren como testigos diferentes agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

   Por otro lado, Hazte Oír pide al juez que ofrezca tanto a la Abogacía del Estado como a la Universidad Complutense personarse en calidad de perjudicadas en la causa.

GÓMEZ, CONTRA PEINADO: "A COSTA DE MASACRAR LA VERDAD"

   Por su parte, Gómez ha dirigido un recurso de queja contra Peinado ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que sostiene que los presuntos delitos que le achaca el juez instructor "o bien no se hayan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas".

   "Da la sensación de que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad", asegura en el escrito, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias.

    A la vez, añade que "no cabe hablar de un acceso institucional excepcional obtenido por razón personal ni de una influencia ilegítima sobre decisiones públicas".

   Su defensa acusa al juez de actuar con "la predeterminación, contra todo razonamiento y evidencia, de reconducir, como sea, el procedimiento hacia el tribunal del jurado" para que sea juzgada por ciudadanos y no solo por magistrados.

    "No es solo la falta de toda motivación, sino también la injustificada y arbitraria elección del cauce procesal elegido lo que produce, en este caso, una manifiesta ablación del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley", indica.

   Al mismo tiempo, Gómez considera "absolutamente inaceptable" que Peinado evocara a la época de Fernando VII en el auto en el que planteaba sentarla en el banquillo y que su defensa reclama a la Audiencia Provincial de Madrid que anule.

   Peinado refirió que "no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII)".

   Gómez critica que esa frase le hace "dudar de la imparcialidad del instructor", porque la ve "impropia de un titular de la potestad jurisdiccional, siendo más propia de la época histórica que la citada frase recrea".

   Y "junto a otras que se contienen en el texto, ni es necesaria ni es conveniente y, sobre todo, ahonda en transmitir una imagen de la Administración de Justicia en nuestro país que no es cierta y sobre todo que es sumamente inconveniente", afirma.