BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, en Bilbao, criticó hoy "la falta de avances" en materia de terrorismo constatado desde la publicación de su último informe, en 2004, que, según dijeron, debe ser entendido como "un retroceso", dado que la situación de violencia "persiste" y "no hay avances, normativos relevantes para cumplir las recomendaciones que las instituciones internacionales vienen recomendando a España desde hace diez años.
El director del Instituto, Eduardo J. Ruiz, acompañado de dos de sus miembros, Felipe Gómez y Marta Zubía, presentó en Bilbao su segundo informe, titulado "La situación de los Derechos Humanos en el País Vasco", que habla tanto de inmigración, como de vivienda, violencia de género y terrorismo.
En esta última materia, Ruiz aseguró que únicamente ha habido "pequeños avances", como el protocolo aprobado por la Ertzaintza para asistir a las personas detenidas que se encuentran en situación de incomunicación o un auto de la Audiencia Nacional que habilitaba una serie de medidas adicionales, como la grabación en vídeo de los interrogatorios.
Pero, según dijo Ruiz, estos avances normativos son "muy tímidos y son son suficientes para cumplir los que las instituciones internacionales están exigiendo al Estado y a los poderes públicos en materia de investigación de los delitos.
El director aseguró también que la sociedad tiene "razones y casi derecho para estar cansada" de estas cuestiones, pero dijo tener, asimismo la convicción de que la "movilización social es fundamental, para que los poderes públicos se "adecuen a los parámetros de derechos humanos".
En materia de terrorismo y actuación institucional contra él, el informe ofrece una serie de recomendaciones que pasan por exigir a ETA el cese de la violencia, condenar expresamente los actos violentos, vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos de los presos o que las instituciones asuman la realización de políticas activas de apoyo material y moral a las víctimas.
Por otro lado, el informe aborda también el derecho a una vivienda adecuada, que, según se recoge, ocupa un "lugar preferente y estratégico dentro de los derechos de carácter económico, social y cultural".
En los relativo a la inmigración, el estudio aboga porque la legislación vigente sea "reforzada" a fin de que en las situaciones que afectan a personas extranjeras se ofrezcan las máximas garantías, dado que los inmigrantes se hallan "especialmente expuestos a la violación de sus derechos.
Por otro lado, en materia de política de género, el informe aboga por una nueva interpretación de la igualdad, que apueste por la equidad entre los géneros, en la que se reconozca la igual valía de ambos.
