MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
IU-ICV destacó hoy que el acuerdo alcanzado con el PSOE sobre la Ley de Memoria, que reconoce la ilegitimidad de los tribunales franquistas, permitirá a la Fiscalía instar de oficio la nulidad de las sentencias.
"Tras el acuerdo alcanzado con el PSOE de reconocer la ilegitimidad de los tribunales franquistas se abre una vía que va a facilitar la nulidad de todas las sentencias de la dictadura sin que ello suponga una intervención o solicitud directa de los afectados", señaló hoy el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares.
Por otra, IU-ICV ha remitido al gobierno una propuesta para facilitar el aceso a los archivos para seguir impulsando la negociación sobre esta ley.
Así, entre las cuestiones más destacadas, el portavoz del Grupo Parlamentario, Joan Herrera, sitúa la responsabilidad pública e institucional sobre la política de fosas comunes, la retirada de los símbolos franquistas, la conversión del Valle de los Caídos en un centro de recuperación de la Memoria, además de la política de archivos. Sobre este último punto, IU-ICV ultima la presentación de una propuesta en firme en forma de proposición no de ley.
"Los archivos públicos son elementos esenciales en la sociedad democrática como garantes de derechos y obligaciones, como soportes imprescindibles de la transparencia administrativa y como fuentes insustituibles de la memoria colectiva", señaló Herrera.
Por ello, IU-ICV considera que hay que entenderlos no sólo como lugares de custodia de los documentos históricos de reconocido valor testimonial, sino como los servicios administrativos encargados de gestionar el tratamiento de los documentos públicos desde que son generados hasta su destrucción o selección para una conservación definitiva.
IU-ICV presentará una proposición no de ley en la que se instará al Gobierno a remitir a la Cámara un Proyecto de Ley de Archivos de ámbito estatal que subsane y armonice las contradicciones existentes en múltiples y dispersas disposiciones y que dé solución a los problemas aún no abordados, y entre otras medidas, que incluya la creación de un Consejo de Archivos para coordinar de forma efectiva a todos los de las administraciones públicas, de cualquier rango que éstos sean.
En dicha proposición también se emplazará al Ejecutivo a que presente otro Proyecto de Ley de Libertad de Información que armonice la dispersa y a veces contradictoria normativa existente sobre acceso y garantice el derecho de acceso a los documentos públicos a través de procedimientos administrativos y recursos de rápida tramitación y resolución.