MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La asociación Jueces para la Democracia ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contra el acuerdo de Gobierno alcanzado en el Consejo de Ministros del pasado 20 de enero que establece pautas para limitar a 61 años la edad máxima para la presentación de candidaturas a magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al entender que es una medida discriminatoria.
La asociación recoge en una nota una mención expresa del apartado seis de dicho acuerdo que limita el máximo de edad a los 61 años, algo que supone "una discriminación por razón de la edad y vulnera el derecho fundamental a la igualdad". Además denuncian que con este requisito se produce una discriminación indirecta por razón de género perjudicando especialmente a las mujeres juristas.
"Las dificultades que han tenido las mujeres para acceder a puestos en las altas instancias judiciales y académicas -que aún perviven- limita sus posibilidades de acceso para ser miembro del TEDH, puesto que mayoritariamente reúnen los requisitos exigidos las mujeres que ya han cumplido la edad de 61 años", recoge el escrito.
PIDEN LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO
Por todo ello presentan recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y solicitan la adopción de medidas cautelares consistentes en la suspensión del Acuerdo recurrido para evitar que el mismo se lleve a cabo durante la tramitación del recurso, perdiendo la viabilidad del mismo.
La asociación de magistrados cita las directrices del Convenio del Consejo de Europa de 2012 que fijan un periodo máximo de duración del mandato de los jueces del TEDH de 9 años y recomienda que en las ternas que se presenten en los países existan candidatas mujeres que estén actualmente subrepresentadas en este tribunal.
"Mostramos nuestro rechazo a este acuerdo del gobierno, por su carácter discriminatorio, en el que se limitan los derechos fundamentales de las personas por razón de edad y del sexo, mediante el camino oculto de un acuerdo que no respeta ni siquiera mínimamente la Constitución. El texto constitucional exige que el ejercicio y la limitación de los derechos y libertades constitucionales habrán de realizarse por medio de una Ley", precisa la asociación.
