MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha acordado que se investigue "el origen", "eventual carácter delictivo" y "la identificación de las personas responsables" de filtraciones de los chats del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con su secretaria, Gertrudis Alcázar.
Así lo ha hecho en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acuerda deducir testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para que investigue filtraciones producidas en la causa "dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas".
El magistrado acuerda también que se forme una pieza de "información sensible" en la que se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados en esta causa y que será accesible únicamente para el juzgado y el Ministerio Fiscal.
Fue este miércoles cuando se dio a conocer el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre presuntas influencias del expresidente socialista con el Gobierno de Bolivia para ayudar presuntamente a una empresa peruana.
En el atestado, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, se incorporó una carpeta con anexos que incluía, entre otros archivos, los mensajes de Zapatero con su secretaria durante el periodo investigado.
"En el presente caso, se han producido filtraciones constantes e inmediatas a medios de comunicación, alcanzando su máxima expresión en el día de ayer", advierte.
Calama llama la atención porque "el contenido de los anexos del informe policial" fue "difundido íntegramente, pese a contener datos incompatibles con su publicación indiscriminada".
"Tales hechos, además de constituir una vulneración palmaria del deber de reserva inherente al secreto externo, pueden integrar ilícitos penales, sin perjuicio de otras responsabilidades disciplinarias o profesionales", agrega.
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN, HASTA AHORA "INSUFICIENTES"
La "persistencia de estas filtraciones" revela, a juicio del magistrado, que "las medidas de protección actualmente vigentes resultan insuficientes para garantizar la finalidad de la reserva".
Por ello, adopta "medidas adicionales de protección" para lo que resta de instrucción con el fin de garantizar el secreto externo y evitar que "la publicidad ilícita de actuaciones pueda afectar tanto a la investigación como a los derechos de los investigados".
Una vez practicadas las declaraciones, añade, "se facilitará a la acusación popular agrupada y a las defensas la trascripción de su contenido proporcionada automáticamente por el programa de grabación".
Por último, Calama limitará el acceso a la nube de las acusaciones populares "únicamente a través de la representación procesal y abogado bajo los que han sido agrupadas", es decir, al PP.
El magistrado precisa que si algún abogado, sea de las defensas o de las acusaciones, quiere consultar algún extremo en concreto de las declaraciones, podrá hacerlo en el juzgado, pero no se les facilitará copia de la grabación hasta la hipotética apertura de juicio oral.
Calama recuerda que en la fase de instrucción la regla general es el carácter reservado de las actuaciones procesales salvo para las partes personadas, para preservar la eficacia de la investigación.