Da un plazo de 10 días para que presenten sus alegaciones tras escuchar los informes sobre la situación patrimonial de la aerolínea
MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La juez que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a Plus Ultra ha pedido a las acusaciones y a la defensa que se pronuncien sobre las conclusiones de los peritos, tanto de los que redactaron el informe encargado por el juzgado como de los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Esperanza Collazos ha emplazado a las partes a presentar sus alegaciones tras escuchar a los peritos en un careo celebrado el pasado 18 de enero.
Así, la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid pretende recabar el criterio de la defensa, la Fiscalía, la Abogacía y las acusaciones populares --ejercidas por Manos Limpias, PP y Vox-- antes de resolver si sigue adelante con la investigación o si la archiva, tal y como han reclamado el Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado.
La juez ha dado un plazo de 10 días a las partes para que presenten sus apreciaciones sobre las más de tres horas y media de exposición que hicieron los peritos para detallar sus conclusiones ante el Juzgado.
Según fuentes presentes en el careo consultadas por Europa Press, tanto los peritos independientes como los contratados por la SEPI se ratificaron en los informes que aportaron a la causa, por lo que permanecen las diferencias sobre la situación patrimonial de la aerolínea. El debate versó principalmente sobre el préstamo participativo que recibió la aerolínea por parte de Panacorp, la venta de uno de sus aviones y las provisiones económicas de la compañía.
LAS CONCLUSIONES DE LOS PERITOS
Las mismas fuentes han precisado que los peritos independientes insistieron en que Plus Ultra se encontraba en "causa de disolución" al momento de recibir la ayuda aprobada por el Ejecutivo.
En concreto, ratificaron el documento de 499 folios en el que explicaron que existían "dudas más que razonables" sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública.
Asimismo, subrayaron la existencia del préstamo participativo con la entidad panameña Panacorp, suscrito en 2017, por importe de 7,5 millones de dólares, equivalente en el momento de su firma a 6,3 millones de euros. Y avisaron de las provisiones derivadas de dos procedimientos judiciales relativos a Plus Ultra.
Por su parte, los peritos de Deloitte y Daiwa Corporate Advisor -firmantes del informe encargado por la SEPI en el marco del análisis del fondo de ayuda a la solvencia-- mantuvieron sus conclusiones de que la empresa "no estaba en crisis" y reiteraron su opinión favorable para otorgar la ayuda, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.
A lo largo de todo el procedimiento, la compañía aérea ha insistido en que cumplió con los procesos exigidos para la concesión de la financiación pública, sin la que, según dice, no hubiese podido continuar operando tras el impacto de la pandemia.
