La Junta andaluza pagará en el plazo los 1,4 millones a la madre de Iván y Sara, aunque la Fiscalía recurra

SEVILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía no dilatará en el tiempo el pago de la indemnización de 1,4 millones de euros, por el proceso de preadopción iniciado con los dos niños de Sevilla Iván y Sara, e iniciará el expediente para ejecutar en los plazos previstos el abono de la cantidad a la madre de los menores, Carmen F.F., aunque la Fiscalía de Sevilla decida la próxima semana recurrir el auto, dictado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

En rueda de prensa, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, y la directora general de Infancia y Familia, Carmen Belinchón, explicaron la actuación desarrollada por la administración autonómica en este caso y valoraron el citado auto. "Es la primera vez en mi vida política que convoco para valorar una resolución judicial, pero quiero explicar nuestra actuación", aclaró Navarro.

La titular del ramo negó que a la Junta le preocupe "la cuantía de la indemnización", que sin embargo definió como "desorbitada", y aclaró que lo que le inquieta "es el peligroso precedente" que se crea, "y más que eso, lo que nos preocupa es que se nos imputen la decisión que en todo momento se tomó a instancias de la Fiscalía a través de una denuncia policial, por lo que no es la Junta la que actúa de oficio, aunque puede hacerlo". De igual modo, lamentó que "los padecimientos que tiene la madre se nos puedan imputar como consecuencia de la retirada de esos menores; es eso lo que nos genera impotencia, no la cuantía, que evidentemente es desorbitada".

Navarro recordó que "desde 2002 hasta este momento han pasado cuatro años", por lo que dijo que "ese auto se podría haber dictado perfectamente hace cuatro años y medio". "No sé por qué se imputa a la Junta ese retraso", protestó, porque, además, "hasta ese momento todas las decisiones que se habían tomado fueron ratificadas por el juez, incluso algunas decisiones del juez de familia fueron amparadas por el Tribunal Constitucional".

La consejera afirmó que "vamos a acatar" la resolución, aunque reconoció que "puede provocar el desánimo" entre los profesionales que trabajan en la protección de menores de Igualdad y Bienestar Social. No obstante, manifestó que "tenemos la conciencia muy tranquila" e insistió en reclamar al Ministerio de Justicia que cambie el Código Civil, en lo que a menores se refiere, porque "un niño no puede esperar ni cinco ni diez años a una sentencia".

IMPOSIBLE DE RECURRIR

Por su parte, Belinchón explicó que "el auto hace referencia a una indemnización sustitutoria", por lo que "no se entra a cuestionar un desamparo". Según dijo, al sustituirse el cumplimiento de la sentencia que obligaba a devolver a los menores a su madre biológica, se reconoce la imposibilidad de ejecutar la sentencia de 2002. "Los tribunales deciden sustituir esta imposibilidad por una indemnización que se resuelva en virtud de un auto, de ahí la imposibilidad de recurso en casación ante el Tribunal Supremo", señaló la directora general.

En cuanto a los criterios empleados por la Audiencia, Belinchón dijo que "no responden al sistema de protección de menores", al comparar el caso con "la privación de libertad", por lo que se mostró "disconforme" con esos baremos.

Pese a este auto, la consejera garantizó que su departamento "seguirá con las mismas políticas" de protección de menores, "con el mismo celo, preocupación y respeto". En este sentido, agregó que "nunca, ante la duda, dejaremos de intervenir por temor a que la Audiencia no nos ratifique, y después que sea lo que Dios quiera, que para eso están los demás estamentos".

ANTERIORES RESPONSABLES

Preguntada sobre la gestión en materia de menores desempeñada por los anteriores equipos de la Consejería, Navarro indicó que "yo soy consejera ahora, pero tomaría la misma decisión" que los anteriores responsables de Asuntos Sociales. A este respecto, se negó a valorar "las actuaciones desarrolladas desde la Consejería en el pasado, porque se hizo lo que se entendía que era lo idóneo".

En este sentido, expuso que actualmente Igualdad está "tratando de potenciar el acogimiento familiar, en lugar del acogimiento preadoptivo", favoreciendo el acogimiento con familias extensas. Igualmente, garantizó que "jamás se retira un menor por cuestiones económicas de una familia, ya que hay incluso ayudas para las familias acogedoras". "Se actúa con el menor y con la familia para que el niño vuelva con ella, pero en algunos casos es imposible y sólo entonces se opta por la adopción", explicó Navarro.

En cuanto a la propuesta del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para que el acogimiento se realice con una autorización judicial previa, la consejera descartó esta idea, por no corresponderse con la legislación vigente y por la tardanza de la Justicia, demostrada, en su opinión, en este caso.

La titular del ramo también se refirió a la "dureza" del auto, no queriendo entrar a valorar "personalmente" los motivos de algunas expresiones "bastante llamativas y fuertes". Sin embargo, sí defendió la actuación llevada a cabo por el juez de Familia 7 de Sevilla, Francisco Serrano, aseverando que "hubiera hecho lo mismo que él".

CASOS RECIENTES

De otro lado, la consejera ofreció datos sobre las actuaciones desarrolladas en esta materia por su departamento de los años 2004 y 2005, posteriores a la etapa en la que se inició el caso de Iván y Sara. Según informó, "las audiencias sólo no ratifican el cinco por ciento de los casos en los que declaramos el desamparo del menor, según datos de 2005, aunque sí son ratificados por los jueces", lo que, a su juicio, demuestra que "trabajamos en el interés del menor".

Actualmente hay 6.100 menores tutelados en Andalucía, de los que 5.192 están con familias de acogida. "En muchos casos con familias extensas, en otros con familias acogedoras, para dar un entorno normalizado, mientras se arregla la situación", aclaró Navarro.

En 2004, 111 equipos de profesionales de tratamiento familiar, formados por 375 personas, atendieron a 2.914 familias por los casos de 6.769 menores en situación de riesgo social, prestándoles una atención diaria, pero permaneciendo con sus familias. De hecho, en 2005 se contó con un presupuesto de más de 12 millones para trabajar con estas familias.

Por contra, en 2004, aunque "en la mayoría de los casos se opta por cualquier salida no irreversible que permita volver a su familia", se produjeron 196 adopciones promovidas desde la Consejería, "la mayoría de niños con necesidades especiales". En comparación, según resaltó la consejera, se tramitaron 805 adopciones internacionales.

El auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla obliga a la Junta a pagar la cantidad de 1.400.000 euros a Carmen F.F., la madre de los menores Iván y Sara --de 14 y 15 años en la actualidad--, declarados en desamparo y dados en adopción en septiembre de 1998 mientras la madre se encontraba en tratamiento de desintoxicación de su adicción al alcohol.

El texto del auto recalca que dicha cantidad indemnizatoria, acordada como ejecución sustitutoria por "incidente" de anterior resolución de la Sala, en la cual obligaba a la Junta a cesar la tutela ejercida sobre los menores --pero que no pudo llevarse a cabo por sentencia del 2002 en la que se decía que era imposible que Iván volviera con su madre--, deberá ser pagada en un plazo de 20 días.