PONTEVEDRA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un jurado popular se encargará de juzgar los tres acusados de un doble crimen cometido hace cuatro años en la localidad pontevedresa de Silleda, en el que resultaron muertos dos arousanos.
La Fiscalía pide penas de 42 años de prisión para cada uno de los tres acusados de un supuesto ajuste de cuentas, que el 26 de mayo de 2005 se saldó con la muerte de los arousanos Víctor Manuel González Silva y Santiago Mongragón Paz, vecinos, respectivamente, de Vilagarcía y Vilanova.
Un Tribunal de Jurado, que se constituirá el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Pontevedra, juzgará a Juan José Bértolo Ferreiro, vecino de Forcarei (Pontevedra), José Ramón Rey Docampo, de Silleda, y Carlos Montoto Sanmartín, de A Estrada (Pontevedra), a quienes Fiscalía acusa de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.
LOS HECHOS
Los cadáveres de las víctimas, que tenían 28 y 30 años de edad, aparecieron en una pista forestal del municipio de Silleda, con varios tiros.
En concreto, el cuerpo de Santiago Mongragón presentaba cinco impactos de bala, dos de ellos efectuados por la espalda, otros dos realizados de frente y localizados en el tronco, y un quinto en la cabeza. En cuanto al cadáver de Víctor Manuel González, presentaba el impacto de dos proyectiles en la zona dorsal.
Fiscalía sostiene que los tres acusados obraron según un "plan preconcebido" para acabar con la vida de las víctimas, y precisa que éstas "se encontraban completamente desarmadas" y recibieron disparos por la espalda desde una distancia inferior a un metro, "eliminando con ello cualquier defensa que éstos pudieran tener".
El relato de los hechos indica también que el asesinato se produjo en una pista forestal, pero los cuerpos fueron trasladados posteriormente hasta otra zona del monte para supuestamente dificultar el hallazgo por parte de terceras personas.
DETENCIÓN DE LOS ACUSADOS
Fue precisamente en una visita que posteriormente hicieron al lugar los tres acusados, con la presunta intención de comprobar que los cuerpos estaban bien ocultos, fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil que habían hallado los cadáveres. Posteriormente en el registro de un taller mecánico, propiedad de uno de los acusados, se halló la pistola utilizada.
Aunque la Fiscalía no hace referencia al móvil del crimen, en el momento del suceso fuentes vinculadas a la investigación apuntaron al ajuste de cuentas por un asunto de tráfico de drogas como causa más probable.
