KIO.- La fiscal pide 38 años de cárcel para De la Rosa por el supuesto desvío de 375 millones de euros de Torras y KIO

Solicita que los acusados paguen un total de 207 millones de euros en concepto de responsabilidad civil

Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 26 abril 2006 19:23

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, solicitó hoy una condena de 38 años de cárcel para el empresario catalán y ex vicepresidente de Grupo Torras Javier de la Rosa, principal acusado en el juicio del "caso KIO" que se sigue en la Audiencia Nacional por el supuesto desvío de más de 375 millones de euros de la sociedad kuwaití KIO y de su filial Grupo Torras a principios de los años 90.

En concreto, se trata de las dos últimas piezas que quedan por juzgar del "caso KIO", las relativas a las operaciones "Prima-Oakthorn-Pincinco" y "Quail-Acie", por las que la fiscal también pide 38 años de cárcel para el abogado Juan José Folchi, a quien acusa, al igual que a De la Rosa, de varios delitos continuados de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Asimismo, la representante del Ministerio Público instó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a que imponga por estos hechos condenas de 11 años para el ex consejero delegado de Grupo Torras Jorge Núñez Lasso, y de 5 años para el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal. La fiscal rebajó de 16 a 2 años su petición de cárcel para el ex director financiero de Torras Miguel Soler, puesto que el juez no abrió juicio oral contra él por la operación Acie.

Además, la Fiscalía Anticorrupción pidió que los acusados paguen, en concepto de responsabilidad civil, cerca de 207 millones de euros, dado que algunos imputados ya habían pagado responsabilidades civiles por los supuestos desvíos de dinero en las operaciones "Oakthorn" y "Pincinco", en un juicio que se celebró en la Corte Comercial de Londres en 1999 por estos hechos.

En su informe de conclusiones, la fiscal sostuvo que las operaciones juzgadas fueron realizadas "al margen de los intereses del Grupo Torras", para el lucro personal de los acusados, y destacó la "actitud depredatoria de los responsables de Torras en su propio beneficio desde los años 1987 y 1988", fecha en la que, según ella, comenzaron a producirse las operaciones fraudulentas.

QUAIL Y PRIMA

En concreto, la representante del Ministerio Público expuso en la sesión de hoy sus argumentos respecto a las operaciones Quail y Prima. En cuanto a Quail, la fiscal afirmó que Javier de la Rosa se aprovechó de su condición de "hombre de KIO en España" y de vicepresidente de Grupo Torras para desviar cerca de 65,44 millones de euros a la sociedad Quail, que él mismo dirigía, entre los años 1987 y 1991. Para ocultar estos pagos, continuó, el empresario catalán encomendó a Quail la gestión técnica de Torras, y realizó pagos por servicios que eran ficticios. Por estos hechos la representante del Ministerio Público pide para De la Rosa y Folchi condenas de 12 años de cárcel.

Respecto a Prima Inmobiliaria, la fiscal aseguró que entre 1989 y 1990 De la Rosa utilizó más de 65 millones de euros del Grupo Torras para sostener artificialmente la cotización en Bolsa de la inmobiliaria, que estaba participada por la filial española de KIO. El objetivo último de esta operación, añadió, era intercambiar acciones de Prima por otras de Torras, para expulsar de esta última a los socios minoritarios.

"Grupo Torras utilizó sociedades testaferro interpuestas para maquinar el valor de las acciones de Prima" y "actuar como pantalla de la situación de deterioro" de la inmobiliaria, dijo. Muchas de estas 'sociedades pantalla' eran controladas por el propio Folchi o por personas de su entorno, según la fiscal, quien pide por estos hechos 2 años de cárcel para De la Rosa, Folchi y Soler, al considerarles autores de un delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas.

En la próxima sesión del juicio, que se celebrará el 4 de mayo, la fiscal expondrá su informe de conclusiones respecto a las operaciones "Oakthorn" y "Pincinco", en las que sostiene que los acusados desviaron más de 300 millones de euros a través de sociedades instrumentales domiciliadas en la Isla de Jersey, y la operación "Acie", filial de Torras de la que supuestamente sustrajeron 6,3 millones de euros. Una vez concluya la representante del Ministerio Público, será el turno de la acusación particular ejercida por Grupo Torras y, posteriormente, la de los abogados defensores.

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