Koldo pide al Constitucional que suspenda el juicio de las mascarillas en el Supremo y que lo mande a la AN

Archivo - El exasesor Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España).
Archivo - El exasesor Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo
Europa Press Nacional
Publicado: martes, 31 marzo 2026 18:34

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García ha presentado este martes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el auto del Tribunal Supremo (TS) del pasado 3 de marzo que daba luz verde al inicio del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, que comienza el próximo 7 de abril, y que sea derivado a la Audiencia Nacional(AN).

En el recurso de amparo, al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada del exasesor, Leticia de la Hoz, argumenta que han sido vulnerados sus derechos fundamentales, como ya hizo ante el TS el pasado 17 de marzo y que ya fue rechazado por el alto tribunal.

En este nuevo recurso, la defensa ha expuesto once preceptos constitucionales que se estiman vulnerados, entre otros, el derecho a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley o a la prueba pertinente.

La defensa de Koldo subraya que el Supremo habría perdido la competencia del juicio tras la renuncia al acta de diputado de Ábalos a finales de enero y a la ausencia de aforamiento, al tiempo que acusa al alto tribunal de "priorizar el rigorismo de los plazos y la comodidad judicial sobre los derechos fundamentales".

UNA "INDEFENSIÓN A CIEGAS"

De la Hoz denuncia la "indefensión a ciegas" al enfrentar un juicio oral "sin haber podido analizar ni contradecir las pruebas tecnológicas que sustentan la acusación". Y ha insistido en la solicitud al acceso de "la copia de los teléfonos" de los acusados que fueron investigados por La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"La UCO ha realizado una interpretación sesgada y descontextualizada de los mensajes. La falta de acceso a la fuente original impide a los peritos de la defensa construir una línea temporal verificable, analizar los metadatos y revisar la coherencia cronológica de las comunicaciones para desmontar las hipótesis policiales y aportar el verdadero contexto de las conversaciones", se puede leer en el recurso.

De este modo, la defensa de Koldo busca "contrastar si las deducciones, que no hechos, que hacen los agentes se corresponden o no con la realidad", ya que considera que se vulnera "el derecho a la prueba y a la igualdad de armas derivada de la restricción injustificada al acceso a los datos en bruto y la consiguiente quiebra de la cadena de custodia electrónica".

El recurso señala que es "vital" decretar cuándo comenzó la investigación forense para determinar si "las fuerzas de seguridad iniciaron pesquisas de forma indiscriminada o si realizaron una investigación clandestina" contra Ábalos, entonces aforado, "de manera previa a obtener la preceptiva autorización del Congreso de los Diputados", lo que, a su juicio, supondría una "vulneración constitucional grave".

ALDAMA, "UN PACTO OPACO EXTRAOFICIAL"

La defensa del exasesor asegura que "el relato acusatorio se sostiene en un pacto opaco extraoficial" con el empresario y también acusado Víctor de Aldama, "prometiendo beneficios penales a cambio de incriminar" a Koldo.

"Con este pacto clandestino se fabrica inadvertidamente una 'verdad de artificio' y nos obliga a entrar al juicio en una posición de absoluta inferioridad", señala en el recurso.

Asimismo, la defensa de Koldo denuncia que a los supuestos actores beneficiarios de las conductas ilícitas se les otorgue "una inmunidad indebida a cambio de testimonios incriminatorios".

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación.

Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor --ambos en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre--, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el fiscal.

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