ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los últimos cinco detenidos en la segunda fase de la operación contra la corrupción urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga), denominada 'Troya' e iniciada en enero de este año, fueron trasladados esta mañana desde la Comisaría de la Policía Nacional a los Juzgados de Coín.
Los detenidos, cuatro hombres y una mujer, llegaron sobre las 08.20 horas al Juzgado de Instrucción número 2 de Coín para prestar declaración ante el juez que instruye la causa, Carlos Peinado. Fuentes municipales aseguraron que algunos de ellos presentan problemas de salud.
A la llegada de los arrestados a las dependencias judiciales, aguardaban a las puertas unas cuarenta personas entre familiares, amigos y allegados, entre los que, al parecer, se han producido dos desmayos.
Ayer, el instructor tomó declaración a 14 de los 19 detenidos, decretando fianza de 50.000 euros para cuatro, de 30.000 euros para otro y de 25.000 euros para tres de ellos. Los seis restantes, salieron en libertad sin fianza pero con cargos, al igual que los demás, de cohecho e inducción a la prevaricación urbanística.
La Policía Nacional desarrolla desde el pasado martes un operativo por el que se han arrestado a personas relacionadas con el mundo empresarial, del sector de la construcción. En su mayoría, son pequeños empresarios muy conocidos en la localidad.
El operativo se desarrolla por parte de efectivos de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) y las detenciones se produjeron por orden judicial en Alhaurín el Grande, Málaga capital y otras zonas de la provincia.
Esta operación es continuación de la desarrollada el 18 de enero de este año, que se saldó con la detención del alcalde de dicha localidad, Juan Martín Serón, y del concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, para los que la juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coín decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros por los delitos de cohecho y prevaricación.
La juez indicaba en sus autos, a los que tuvo acceso Europa Press, que existían motivos, a través de las intervenciones telefónicas, para estimar que el edil exigió dádivas "a cambio de la obtención de una licencia que él mismo viene a declarar ilegal, todo ello en connivencia con el alcalde".
