PAMPLONA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Eusko Alkartasuna en Navarra, Maiorga Ramírez, defendió que el "ejercicio legítimo a la crítica" no "excluye" a los jueces, como tampoco al poder Legislativo o Ejecutivo, máxime teniendo en cuenta, dijo, que suscriben sentencias "contradictorias", dependiendo de quién sea la "víctima", de quién haya designado "a tal o cual juez, si el PP o el PSOE", o de la "ideología" de cada uno.
Ramírez convocó una rueda de prensa para denunciar la "absoluta a judicialización de la vida política" o "la politización definitiva de la justicia". En su opinión, los "sectores conservadores" amparan esta estrategia para "impedir el diálogo como instrumento necesario para la solución".
El parlamentario foral rechazó que se acuse de "presionar a los jueces" a quienes ponen en evidencia estas "interpretaciones arbitrarias" y responsabilizó a la "derecha española y navarra" de ser la que ha tratado de influir con los pronunciamientos "a favor o en contra" de determinados fallos en el último "año y medio". Citó que, tras una reciente reunión, PP y UPN "exigieron" la ilegalización de EHAK, "una presión a la judicatura de cara a las próximas elecciones".
En su intervención, se refirió a la "interpretación cambiante" a la hora de aplicar las normas y afirmó que diversas actuaciones ponen en evidencia las "graves tropelías" de un sistema judicial cuyos miembros dictan sentencias "no de acuerdo a una interpretación ajustada a la ley sin en función de" qué partido lo haya designado o de sus intereses "partidistas".
Se preguntó por qué no es delito la reunión de Patxi López con miembros de Batasuna y sí se le puede encausar al lehendakari vasco por un hecho similar.
También mencionó la condena a 12 años de prisión a De Juana por escribir "dos artículos de opinión, por muy repudiables que puedan ser"; el caso 18/98; o el "giro de 180 grados" a la jurisprudencia para alargar las penas. Ramírez opinó que la actuación judicial está "orientada a la venganza y a la criminalización y no a la justicia".
También apuntó que el juez Garzón, defensor de la tesis de que "todo movimiento social o cultural de la izquierda abertzale forma parte del entramado de ETA", "origen de la ley de Partidos", ahora sostiene que los militantes de Batasuna "no tienen suspendidos sus derechos" políticos.
Ramírez censuró la "reacción fanática y airada de los sectores más ultra" ante la "crítica política y social" contra las resoluciones judiciales "contradictorias" e insistió en que la crítica es "inherente a la democracia y a la libertad de expresión" y no "excluye" a los jueces". Lo contrario es apostar por el "pensamiento único".
También pidió la derogación de la ley de Partidos, "que da origen a esta situación de despropósito, debilita la democracia y supone un obstáculo serio para la pacificación y normalización". Y señaló que son los "ciudadanos quienes dan legitimidad a las opciones políticas, no los jueces".
Por otro lado, Ramírez acusó a UPN de formar parte de la estrategia de "judicialización de la vida política" para "enmascarar su falta de iniciativa" para favorecer el diálogo. El presidente de EA manifestó que Miguel Sanz ha sido el "ariete del PP en la estrategia de obstaculizar cualquier expectativa de paz" y "encima ha criminalizado el diálogo, porque es la clave para un cambio político en Navarra". Finalmente, Ramírez reiteró que su partido seguirá "impulsando el diálogo".