Manos Limpias denuncia ante el Supremo que con el acuerdo de PSOE y Junts se "criminaliza al Poder Judicial"

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, a su llegada para comparecer en una rueda de prensa para explicar los detalles del acuerdo de investidura con el PSOE, en el Parlamento Europeo, a 9 de noviembre de 2023, en Bru
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, a su llegada para comparecer en una rueda de prensa para explicar los detalles del acuerdo de investidura con el PSOE, en el Parlamento Europeo, a 9 de noviembre de 2023, en Bru - Europa Press
Actualizado: viernes, 10 noviembre 2023 14:19

Sigue en directo las últimas noticias sobre los acuerdos para la investidura de Sánchez

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Manos Limpias ha presentado este viernes una ampliación de su denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez por un presunto delito de usurpación de funciones porque entiende que el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts "criminaliza al Poder Judicial" al introducir en su redactado el término 'lawfare'.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato explica que ese termino que "también se puede traducir como guerra jurídica o guerra judicial" servirá para "inhabilitar todas las resoluciones judiciales". Se hace eco además del comunicado de las asociaciones de jueces al respecto para aseverar que "el Estado de Derecho está en peligro" y por tanto esto avala una "necesaria suspensión cautelar de la proposición de ley de amnistía".

Esta es la segunda ampliación desde que registraran la denuncia el pasado 3 de noviembre ante el Supremo al entender que con la ley de amnistía se vulnera la separación de poderes porque invade competencias propias del Poder Judicial.

LOS OTROS DENUNCIADOS

En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el secretario general del sindicato, Miguel Bernad, apuntaba que también iba contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el diputado del PSOE Óscar Puente; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; y la eurodiputada socialista Irache García Pérez como colaboradores necesarios en el delito.

Ahora, y tras el papel que ha jugado Cerdán en las negociaciones con Junts, pide a la Sala de lo Penal que valora si también ha podido incurrir además de en un delito de
usurpación de atribuciones judiciales, en prevaricación administrativa y cohecho.

Desde un inicio, Manos Limpias solicitaba al Supremo la suspensión cautelar de esa ley de amnistía --que hasta el momento ni siquiera se ha registrado en el Congreso de los Diputados-- y advertía de que esta medida "no supone invadir en este caso competencias del Ejecutivo" porque se está usurpando, "hurtando competencias del poder judicial".

Señalaba además que el PSOE para poder formar Gobierno tras las elecciones generales necesita el apoyo de ERC y Junts, y que el líder de esta última formación "el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont" impone una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Manos Limpias explicaba que con estas condiciones, el PSOE inició "una campaña engañosa" en medios para transmitir a la sociedad española la idea de que la amnistía "tiene cabida en la Constitución" y que "habría que ser generoso en aras a la concordia".

Para el sindicato, esa justificación para la amnistía "supone un gran fraude de ley" porque se apela a "una falsa concordia de las instituciones": "Esta justificación es totalmente falsa y fraudulenta puesto que el acuerdo sobre la amnistía se basa en un trueque o moneda de cambio, esto es los siete votos del partido Junts necesarios para la elección del denunciado como presidente del Gobierno".

EFECTOS

Indicaba que esta amnistía tendrá una serie de efectos dado que supone "la usurpación de atribuciones judiciales" y señalaba así que desautoriza y deja sin efecto la sentencia del Supremo sobre el 'procés', las órdenes de búsqueda y captura del magistrado Pablo Llarena sobre Puigdemont, el juicio contra los líderes independentistas que malversaron caudales públicos para el referéndum ilegal, y las causas abiertas en la Audiencia Nacional contra CDR y Tsunami Democratic.

Además, indicaba que colateralmente tiene dos consecuencias: una vulneración del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley y "una vulneración del principio de separación de poderes del artículo 117 CE que establece que la Justicia corresponde únicamente a los jueces".