Margallo no convence con su Ley de Tratados, que la oposición ve "recentralizadora" y ajena al control parlamentario

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, no ha conseguido este jueves convencer a los grupos de la oposición de las bondades de su proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales porque consideran que elude el control de las Cortes y, además, resulta "recentralizadora" al no respetar el marco competencial previsto en la Constitución.

Durante la defensa en el Pleno del Congreso de su texto, que ha recibido dos enmiendas a la totalidad de la Izquierda Plural (IU-IV-CHA) y el PNV, el ministro ha defendido la necesidad de una ley que viene a sustituir un decreto "preconstitucional" y que, por tanto, se había quedado "anticuado", "obsoleto" y "muy lejos" del "vértigo" con el que se mueven las relaciones internacionales.

Por ello, y después de cuatro intentos "fallidos" en el pasado, Margallo ha expresado su deseo de que "a la quinta vaya la vencida" y los grupos parlamentarios se muestren proclives a negociar una ley que busca regular y ordenar "de forma racional" la actividad del Estado en el proceso de celebración de los acuerdos internacionales.

ES "ESCRUPULOSAMENTE RESPETUOSA" CON EL REPARTO COMPETENCIAL

Según ha explicado, la futura ley regulará los tres tipos de acuerdos internacionales existentes en la práctica española: tratados, que sólo puede firmar el Estado como sujeto de derecho internacional; acuerdos internacionales administrativos, que ejecutan o concretan los tratados y que podrán suscribir otros sujetos como las comunidades autónomas; y memorandos de entendimiento, que son en realidad declaraciones de intenciones que no implican obligaciones y que también pueden suscribir las autonomías.

Aunque ha dejado claro en todo momento que los tratados internacionales son competencia exclusiva del Gobierno, ha puesto de relieve que el proyecto del Gobierno es "escrupulosamente respetuoso" con el reparto de competencias en materia de relaciones internacionales y "no restringe" sus derechos en este ámbito.

De hecho, ha destacado que las comunidades autónomas podrán participar en la celebración de los tratados internacionales, en tanto en cuanto el texto establece que las autonomía deberán ser informadas de la forma de aquellos tratados que afecten a sus competencias, podrán instar al Estado a que celebre tratados en aquellos asuntos en los que acrediten interés y podrán participar en la delegación española que negocie esos tratados.

La iniciativa de Margallo ha recibido dos vetos, del PNV y de la Izquierda Plural, cuyos portavoces han coincidido en apuntar que el proyecto del Gobierno peca de "paternalismo" y que lo único que busca es controlar ámbitos que no creen que sean competencia exclusiva del Estado.

EL TOQUE DE ATENCIÓN DEL PNV

El portavoz parlamentario de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, ha comenzado aclarando que su enmienda a la totalidad suponía en realidad una llamada de atención al Ministerio de Asuntos Exteriores para que no se repita con este proyecto de ley la tramitación "de locura" que se vivió con el que regula la Acción y Servicio Exterior, que se encuentra actualmente en el Senado.

Aunque el nacionalista vasco ha reconocido que el texto del Gobierno ha mejorado respecto del anteproyecto, ha apuntado que sigue "atufando de paternalismo", en tanto en cuanto hay un "excesivo" control del Estado en ámbitos que "no necesariamente" debería regular. En todo caso, y tras dejar caer que podría llegar a retirar su enmienda, Esteban ha mostrado su confianza en que estas y otras deficiencias puedan ser subsanadas durante la negociación de las enmiendas parciales.

De su lado, el ponente de la Izquierda Plural, Joan Josep Nuet, ha pedido la devolución al Gobierno de un proyecto que viene a "profundizar" en el modelo de "recentralización" que el PP quiere "imponer" a cada una de sus normas. "Si no paramos al PP con su política de centralización, nadie va a salvar los muebles y el modelo constitucional de 1978 va a ser dilapidado por este Gobierno", ha avisado.

Pero, además, ha justificado su enmienda a la totalidad en que ni el Congreso ni el Senado pueden aceptar convertirse en "actores ausentes" de la política exterior y en que el texto del Gobierno sea "más monárquico que el propio Rey de España, que ya es decir", al situarle al margen o por encima de la soberanía nacional. "Se han pasado tres pueblos en este tema", ha criticado.

En la misma línea que el PNV se ha expresado el representante de CiU, Antoni Picó, quien, aunque ha coincidido con el ministro en la necesidad de regular la actividad en materia de tratados internacional, le ha avisado de que existe "una línea roja" que los nacionalistas catalanes tratarán de corregir durante su trámite parlamentario: el respeto al marco competencial previsto en la Constitución conforme a lo que prevén los distintos estatutos de autonomía.

NO DEBE REPETIRSE EL "ESPECTÁCULO" DEL MoU

Desde el PSOE, el diputado Diego López Garrido ha advertido de que este proyecto de ley será "innecesario" si no cumple tres objetivos básicos: que haya coordinación entre el Estado y las autonomías "sin invadir competencias", que "fortalezca" a los órganos constitucionales y que haya un debate y control parlamentario sobre la firma de los tratados internacionales, "de los que se abusa".

Y es que, a su juicio, "no se puede repetir más el espectáculo humillante sufrido" con el Memorándum del rescate bancario, que se debatió en el Bundestag alemán y no en el Parlamento español. "Este proyecto debe servir para que eso no suceda más", ha apostillado López Garrido, quien también ha criticado los "serios" errores que contempla el texto del Gobierno, así como sus "problemas" de redacción.

QUE LO REESCRIBAN PERIODISTAS EN PARO

Ésta es la misma crítica que ha vertido la diputada de UPyD Irene Lozano, quien ha tachado de "lamentable" la redacción del proyecto por su lenguaje "farragoso, confuso y opaco", y ha recomendado a Margallo que encargue a alguno de los muchos periodistas en paro su mejora.

Lozano ha dicho compartir con el ministro que las comunidades autónomas no son sujetos de derecho internacional "y no lo podrán ser nunca", se ha quejado del "agotador raca-raca" del debate sobre el reparto competencial y ha avisado de la posible inconstitucionalidad en la que se podría incurrir al privar al Parlamento del control anterior y posterior a la firma de acuerdos internacionales.

En su turno, la representante del PP, María Aránzazu Miguélez, ha defendido que el proyecto de Margallo "colma" las lagunas existentes en el ámbito de las relaciones internacionales en el ordenamiento jurídico español, y ha querido dejar claro que tiene "afán de coordinación, y no de recentralización", de "poner orden, no de controlar" y que, además, cumple los tres objetivos que reclama el PSOE.