MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
Más de 950 profesionales sanitarios y de laboratorio dependientes del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias transferidas están a partir de este miércoles a disposición del Sistema Nacional de Salud para colaborar y paliar la crisis general por la pandemia del coronavirus.
Además de más de 770 médicos forenses, también trabajarán en estas labores 87 facultativos, 43 técnicos especialistas y 52 ayudantes de laboratorio pertenecientes al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Campo anunció el pasado viernes en rueda de prensa que ponía a disposición de la autoridad sanitaria funcionarios que tienen una "formación especializada" y pueden ayudar en la lucha contra la extensión del COVID-19. Una decisión que adoptó con el consenso de las administraciones territoriales, y en consultas con el Consejo General del Poder Judicial, en la reunión de la Comisión de Coordinación creada para la coordinación de la respuesta de Administración de Justicia ante la crisis sanitaria.
Así, a partir de este miércoles, 954 de estos profesionales estarán a disposición del dispositivo sanitario, mientras que los 290 restantes permanecerán en sus puestos para garantizar los servicios esenciales de los distintos cuerpos destinados en cada comunidad autónoma, según informa el Ministerio en un comunicado.
CARTA DEL MINISTRO
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha enviado una carta a los directores de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de todas las comunidades autónomas para transmitirles su reconocimiento y agradecimiento a los 1.062 integrantes del cuerpo de médicos forenses por su disposición a colaborar en la lucha contra el coronavirus.
En la misiva, el ministro recuerda que la pandemia ha dado lugar a "una situación sin precedentes en nuestro país que ha motivado la declaración del estado de alarma". Así, subraya la "profesionalidad, formación y solvencia técnica, particularmente en situaciones críticas" que tienen estos funcionarios.
Las tareas que llevarán a cabo todos estos profesionales se centrarán en trabajos sanitarios de apoyo en función de las necesidades concretas del Servicio Nacional de Salud.
El seguimiento epidemiológico, la colaboración en encuestas epidemiológicas, la recogida de muestras en casos sospechosos de COVID-19, la atención telefónica, así como la certificación de las defunciones que se puedan producir fuera de los centros sanitarios y la emisión de dictámenes de registro civil, serán las labores que podrán desarrollar, según explica el ministro en su carta.
La aportación concreta de personal dependiente del Ministerio y de las consejerías de Justicia con competencias transferidas, así como el personal que debe permanecer en su puesto de trabajo para garantizar los servicios esenciales de la administración de Justicia, se recoge en una resolución firmada este martes por el ministro, en virtud de la encomienda del Ministerio de Sanidad para la coordinación de los funcionarios al servicio de la administración de Justicia de todo el Estado.
