BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento ha aprobado este miércoles, con los votos de CiU, PP y C's, el rechazo de PSC y ERC, y la abstención de ICV-EUiA y SI, paralizar la aplicación de las veguerías menos de un año después de que la misma Cámara aprobara la normativa.
La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha justificado que la moratoria --impulsada por el Gobierno catalán-- es necesaria porque no se han impulsado las modificaciones de leyes estatales imprescindibles para implementar plenamente la nueva división territorial catalana.
El Gobierno catalán argumenta que si no paralizase la ley, tras las elecciones municipales lo único que hubiera podido hacer es un mero cambio de nombre de las diputaciones por los consells de veguería, y no una aplicación real de la normativa.
"Somos los primeros que queremos que Cataluña tenga veguerías, pero nadie entendería que creásemos un nuevo nivel administrativo sin suprimir otro: ni es racional ni es razonable ni es sostenible", ha sentenciado.
PSC, ERC y SI han coincidido en criticar al Ejecutivo catalán porque no haya movido ficha en sus cinco meses de existencia para implementar la ley, y han censurado que lo único que haya sido capaz de hacer es paralizarla.
"No participaremos de esta farsa", ha lamentado la portavoz de los socialistas en el Parlamento, Laia Bonet, mientras que su homóloga en ERC, Anna Simó, ha asegurado que el verdadero objetivo del Gobierno catalán es enterrar para siempre el proyecto.
El diputado de ICV-EUiA Jaume Bosch ha justificado la abstención de su grupo argumentando que están de acuerdo con el fondo de la propuesta pero no con la forma, y ha acusado al Gobierno catalán de haber demostrado poco interés en negociar con el Estado la ley.
En las filas del PP, María de los Llanos de Luna ha celebrado que el Gobierno catalán se avenga a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, mientras que el líder de C's, Albert Rivera, ha reprochado que se trata de una ley que aumenta los niveles administrativos en tiempos de crisis.
ORIGEN CONFLICTIVO
Ortega ha anunciado que, tras diversos contactos Generalitat-Estado, el Gobierno catalán ha obtenido el compromiso del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, de que el Ejecutivo español no recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional (TC).
El 27 de julio de 2010, con el aval del tripartito y el rechazo en bloque de la oposición, el Parlamento aprobó la división territorial de Cataluña en veguerías pese a que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut cuestionaba la ley.
El informe jurídico encargado entonces por el Gobierno catalán para analizar los efectos de la sentencia ya planteó que la aplicación plena de la ley supondría modificar la Ley de Bases de Régimen Local, una normativa estatal que compete al Congreso cambiarla.