De Pedro pide el interrogatorio de Granados y Marjaliza en 'Púnica'

Actualizado: viernes, 12 febrero 2016 18:05

El informático requiere con "urgencia" el material intervenido en su 'iPhone' y su ordenador para ejercer su derecho de defensa

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El empresario informático Alejandro de Pedro ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que vuelva a interrogar al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y al presunto 'cerebro' de la trama de corrupción Púnica, David Marjaliza, para probar que no tenía relación con ellos.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del empresario pide la toma de declaración en calidad de investigados de los supuestos 'cabecillas' de la red, a fin de "acreditar convenientemente la inexistencia de relación alguna" entre los hechos que se le imputan y los que se atribuyen a Granados y Marjaliza.

Los abogados califican estas diligencias de "necesarias, útiles y adecuadas" toda vez que el magistrado ha apuntado en diversas resoluciones a la existencia de dicha relación, por lo que consideran oportuno que "los propios protagonistas aclaren estos extremos".

"GRAVE" PERTURBACIÓN A SU DERECHO DE DEFENSA

De Pedro, que hizo trabajos de posicionamiento 'online' para el expresidente madrileño Ignacio González o la exconsejera Lucía Figar, ha vuelto a requerir que se le facilite con "urgencia" la documentación que le fue intervenida, tanto en soporte material como la localizada en su 'iPhone', en su ordenador marca 'Apple' y su servidor.

"La instrucción sigue avanzando y esta parte no puede disponer de documentación de relevancia para su defensa que se contiene en los equipos técnicos incautados", lamentan sus abogados, para advertir que ello acarrea una "grave" perturbación a su derecho de defensa y manifiesta una "indefensión y desigualdad de armas" frente a la Fiscalía.

De Pedro ha pedido también al instructor que interrogue como investigado a Vicente Gimeno Quiles, representante de la empresa Linkatic, cuya anterior citación no fue puesta en conocimiento de su defensa y, en consecuencia, no pudo intervenir en su declaración.

Solicita también que José Antonio Belmonte declare como testigo por su condición de jefe de la oficina de Innovación del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

El informático, al que el juez Velasco considera como uno de los 'conseguidores' de contratos de la trama, ha comparecido este viernes en la Asamblea de Madrid, donde ha negado ser el 'conseguidor' ni 'cabecilla' de la Púnica. "El juez me ha llamado 'conseguidor'. No sé de qué porque nadie ha dicho qué he conseguido. Me ha puesto a la altura del señor Marjaliza", ha lamentado.

UN CENTENAR DE IMPUTADOS

La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.

Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, ademá de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.

En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.

El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el ex interventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.