PNV defiende que en el nuevo Estatuto se reconozca "la nacionalidad vasca" sin que suponga "factor de discriminación"

Publicado 01/12/2019 19:12:58CET
El lehendakari Iñigo Urkullu (2i) y el el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar (3i), durante un acto político del EAJ-PNV con motivo del 116 aniversario del fallecimiento de Sabino Arana  en Sukarrieta (Vizcaya) a 24 de noviembre de 2019
El lehendakari Iñigo Urkullu (2i) y el el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar (3i), durante un acto político del EAJ-PNV con motivo del 116 aniversario del fallecimiento de Sabino Arana en Sukarrieta (Vizcaya) a 24 de noviembre de 2019 - H.Bilbao - Europa Press

Plantea que una "Junta Arbitral" sustituya al Tribunal Constitucional a la hora de dirimir desavenencias entre Euskadi y el Estado

BILBAO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PNV defiende, a través de un voto particular incluido en el borrador del texto articulado de nuevo Estatuto de los expertos, que se reconozca "la nacionalidad vasca" a los ciudadanos de Euskadi "sin que ello pueda afectar a la igualdad del individuo" y sin que suponga "factor de discriminación alguna". También plantea que una "Junta Arbitral" paritaria sustituya al Tribunal Constitucional a la hora de dirimir desavenencias entre Euskadi y el Estado

Según el borrador del documento de reforma estatutaria, redactado por los juristas nombrados por los grupos parlamentarios vascos, que publica este domingo El Correo en su web, la formación jeltzale abandona la idea de reclamar que se establezcan requisitos para acceder a la "nacionalidad vasca" a través de una Ley que debería aprobar el Parlamento vasco, como se establecía en el acuerdo de bases que suscribió con EH Bildu.

En el texto en el que trabajan los expertos designados por el PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE, Mikel Legarda, Arantxa Elizondo y Alberto López Basaguren, respectivamente, se habla de los derechos de la ciudadanía, en el artículo 7, y Legarda pide, en un voto particular, que se añada un apartado en el que se "reconozca la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca, sin que ello pueda afectar a la igualdad del individuo y los grupos en que se integra, ni suponer factor de discriminación alguna".

Durante las conversaciones que mantienen, Elizondo y López Basaguren se han negado a realizar cualquier "distinción" entre los vascos. Por ello, la aportación del jurista jeltzale quedará reflejado como enmienda, mientras que el artículo consensuado establece que la ciudadanía vasca corresponde "a todas las personas que tengan la vecindad administrativa -que estén empadronadas- en cualquiera de los municipios" de Euskadi y que tendrán los derechos y obligaciones "dispuestos en este Estatuto y en el ordenamiento jurídico".

Además, señala que "las personas residentes en el extranjero, así como sus descendientes, si así lo solicitaren, gozarán de idénticos derechos políticos que los anteriores, si hubieran tenido su última vecindad administrativa" en Euskadi, "siempre que conserven la nacionalidad española".

"IDENTIDAD NACIONAL"

En su título preliminar, se indica, además, que "la ciudadanía de los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como parte integrante de Euskal Herria, en expresión de su identidad nacional y de su voluntad democrática, se constituye en Comunidad Autónoma de Euskadi --aunque esta denominación todavía está por cerrar, ya que lo apoyan Elkarrekin Podemos y el PSE, pero el PNV cree que debe decidirlo el Parlamento--, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma básica institucional".

Legarda (PNV) lo enmienda para que se aluda al Estatuto "político" con el fin que haya una mayor adecuación al cumplimiento de las Bases y Principios acordados con EH Bildu.

El especialista del PSE-EE, Alberto López Basaguren, plantea sendos votos particulares en los que reclama que se elimine la alusión a "como parte integrante de Euskal Herria" y que se sustituya el concepto "identidad nacional" por "nacionalidad".

Basaguren apunta que, aunque personalmente, comparte la visión de Euskal Herria como "ámbito cultural", cree que "el salto de ese concepto cultural a otro político, es discutible y discutido". "La identificación entre esa construcción política de Euskal Herria y el objetivo abertzale de soberanía nacional de esa Euskal Herria, no es compartido por una parte de la sociedad y es expresamente rechazado por una parte de ella, por lo que la inclusión en el Estatuto es incompatible con el objetivo de lograr un Estatuto de amplio consenso", asegura.

El experto de los socialistas apunta que hay que integrar "con naturalidad el uso, en su caso, del término 'nación' por quienes lo consideren necesario, como se acepta en el Derecho internacional regional europeo o en el lenguaje político de países como Canadá o Reino Unido", pero considera que solo es aceptable si se refiere a "un sentimiento personal, vinculado a unas características lingüísticas, culturales, religiosas o políticas distintas".

Por ello, propone el mantenimiento del término 'nacionalidad, en el articulado, como se hizo en el 'Estatut', porque, entre otras cosas, "no ofrece riesgos de utilización contradictoria de su significado". Además, subraya que está en la Constitución "y no es objeto de controversia".

RELACIÓN DE EUSKADI CON EL ESTADO

En cuanto a la relación de Euskadi con el Estado, proponen una comisión mixta, que Elkarrekin Podemos y PSE pretenden que se denomine "de cooperación", mientras que PNV propone que se llame "comisión mixta de Concierto Político".

El jurista jeltzale, Mikel Legarda, en un voto particular, plantea que las desavenencias que pudieran producirse entre Euskadi y España deben ser resueltas por una "junta arbitral" paritaria, de forma que sustituya al Constitucional como juez último, algo que rechazan los especialistas de la coalición morada y de los socialistas.

El borrador de la reforma del Estatuto asegura que la relación entre Euskadi y el Estado se debe basar en "el reconocimiento mutuo, la lealtad y el respeto institucional". Para ello, apela, en su artículo 128, al actual texto estatutario y a la disposición adicional primera de la Constitución, en la que se amparan los derechos históricos de los territorios forales.

COMPETENCIAS

En cuanto a las competencias, el debate ha radicado, sobre todo, en si el Ejecutivo autonómico podría aumentar sus atribuciones. Mikel Legarda apunta que serán competencias del Gobierno vasco aquellas fijadas en el Estatuto de 1979, pero también "aquellas que el Estado no se haya reservado expresamente", además de las que España "atribuya, transfiera o delegue" a partir de ahora.

Por su parte, Arantxa Elizondo y Alberto López Basaguren reclaman para Euskadi "todas las competencias que la Constitución no reserva al Estado", y precisan que, en los asuntos que dependan del Ejecutivo central, el de Euskadi "ejercerá la potestad legislativa y la ejecución respetando esos límites".

CONSULTA HABILITANTE

Los expertos que representan a PNV y Elkarrekin Podemos avalan que el artículo 144 del nuevo Estatuto, recoja la posibilidad de que el Parlamento vasco convoque una consulta habilitante a la ciudadanía, es decir que se realice tras la aprobación del nuevo texto estatutario en la Cámara antes de elevarlo a las Cortes Generales, lo que rechaza el PSE.

Jeltzales y la formación morada señalan que la Cámara vasca "habilitará procesos de participación ciudadana" antes de que el Estatuto vaya al Congreso, pero "no tendría carácter vinculante".

Por su parte, López Basaguren afirma que la convocatoria de "un referéndum en sentido estricto" requiere de autorización del Estado y realizarlo "altera" el procedimiento, ya que pondría al Congreso "entre la espada y la pared" si el Estatuto llega a las Cortes "con el respaldo de la ciudadanía". Por otro, porque considera que la consulta generaría un "problema político" y otro "de constitucionalidad", ya que el protocolo de reforma actual no permite la doble consulta.

En lo que se refiere a Navarra, la redacción pactada por Legarda, Elizondo y Basaguren mantiene lo establecido en el actual Estatuto, de forma que señalan que la comunidad foral "tienen derecho a formar" parte de la Comunidad Autónoma vasca, "de acuerdo con el procedimiento establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución y en este Estatuto".

Por último, se contempla un Consejo de Justicia del País Vasco, integrado por jueces, magistrados, fiscales y otros juristas, que "ejercerá sus competencias y funciones para con la administración de justicia en el País Vasco".

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