Un policía admite que realizó búsquedas sobre Iglesias a raíz de unas pesquisas por presunto narcotráfico contra Urbán

Dice que lo hizo por orden de su jefe de grupo y que fue una búsqueda normal en estos casos

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional ha reconocido este jueves en su declaración como investigado en la Audiencia Nacional que realizó búsquedas sobre el que fuera secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a raíz de una investigación en la que se involucraba presuntamente a un exdirigente del partido, Miguel Urbán, en una transacción de droga.

Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el agente ha matizado que esas búsquedas las realizó a instancias de su jefe de grupo, al que se había incorporado recientemente, y que se trata de una acción normal en este tipo de operativas.

Las fuentes indican que el investigado ha circunscrito esa búsqueda únicamente a lo relativo a esas pesquisas por la presunta transacción de droga, negando que se realizase una investigación prospectiva sobre Iglesias.

El agente ha apuntado que no hay ningún protocolo que indique cómo actuar en este tipo de búsquedas, y que la única variación es que, en el caso de Urbán o Iglesias, ambos eran políticos.

Pedraz citó a este agente en el marco de la causa en la que indaga en las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre varios cargos de la formación política.

En concreto, le llamó a sede judicial para "valorar si está justificado pedir información" de Iglesias "por el hecho que otra persona del mismo partido", el exeurodiputado Urbán, "estuviera investigada por una presunta transacción de sustancia estupefaciente".

INVESTIGACIONES SIN INTERÉS POLICIAL

El juez admitió la querella que presentó Podemos por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos en los hechos relatados.

En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".

La formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.

El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.