PP de Aragón indica que la futura Ley de Lenguas supondrá, además de imposición del catalán, un elevado coste económico

HUESCA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) ha instalado hoy una mesa informativa en la capital altoaragonesa, en concreto en los Porches de Galicia, para recoger firmas contra la futura Ley de Lenguas, que se encuentra en tramitación parlamentaria y contra "la imposición del catalán", según informó la portavoz de esta formación política en el Ayuntamiento de Huesca, Ana Alós. También resaltó que el desarrollo de esta ley supondrá un importante coste economómico para la comunidad autónoma.

A lo largo de la jornada, además de recoger firmas, los representantes populares también explicaran las consecuencias sociales, institucionales y económicas de la proposición de ley. Alós dijo que "esta ley plantea que en Aragón se pueda llegar a imponer el catalán, se pretende normalizar los dialectos de la franja oriental y que el catalán se hable en esos lugares".

La portavoz insistió en su oposición y recalcó que "no queremos que se nos imponga el catalán en Aragón". Añadió que "esta ley supone que los ciudadanos puedan realizar sus trámites en catalán y esto conlleva un importante coste".

En este sentido, Ana Alós se refirió a que el proyecto de Ley de Lenguas contempla el catalán y el aragonés como lenguas propias de la comunidad autónoma, que pueden ser utilizadas por los ciudadanos aragoneses ante las administraciones públicas locales. "Esto supondrá un incremento en los costes de personal y de material si hay que atender solicitudes de los ciudadanos que quieran ejercer este derecho", dijo.

También recordó que la atribución de nuevas responsabilidades a las entidades locales aragonesas debe ir acompañado de los medios de financiación suficientes para llevarse a cabo.

Alós aseguró que "si se aprueba esta ley, un coste supondrá, seguro, porque desde el momento en el que un ciudadano pueda presentar en catalán un documento público habrá costes de traducción para esa administración o de costes por la variedad de documentos, en total calculamos que puede suponer a medio plazo 25 millones de euros".