Primer paso para dividir Catalunya en 7 veguerías que convivirán con las provincias

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern aprobó este martes el proyecto de ley que divide Catalunya en siete veguerías, una nueva organización territorial que deberá convivir con las provincias, que se mantendrán como división territorial del Estado y circunscripción en las elecciones generales, explicó en rueda de prensa el presidente de la Generalitat, José Montilla.

Las siete veguerías son Alt Pirineu i Aran --que incorpora Val d'Aran, pese al rechazo de esta comarca a formar parte de cualquier división territorial que no sea ella misma--, Barcelona, Catalunya Central --cuya capital está por concretar--, Girona, Lleida, Terres de l'Ebre --con capital en Tortosa-- y Camp de Tarragona, cuya capital será Tarragona dejando atrás a las aspiraciones del Ayuntamiento de Reus.

El texto aprobado también cierra las puertas a otras reivindicaciones, como la pretensión de la mayoría de ayuntamientos de las comarcas de Baix Penedès (Tarragona), Garraf, Alt Penedès y sur de la comarca de la Anoia (Barcelona) de constituirse en una vegueria propia, la del 'Penedès'. Tampoco contempla la creación de la vegueria de l'Alt Ter, que agruparía Osona (Barcelona) y Ripollès (Girona), cuya capital sería Vic, una exigencia histórica de este territorio.

DOBLE FUNCIÓN

Montilla indicó que las veguerías serán el ámbito de organización territorial del Govern, y también que las cuatro diputaciones provinciales serán sustituidas por los 'consells de vegueria', que se consagrarán como ámbitos de cooperación entre municipios.

La creación de los 'consells de vegueria' requiere modificar leyes orgánicas, con lo que ahora el Govern deberá negociar con el Estado para conseguir el apoyo del PSOE a una eventual votación en las Cortes.

La voluntad del Govern, aunque sin dar fechas, es constituir primero las veguerías de Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona. En una segunda fase, se segregarán las Terres de l'Ebre de la vegueria de Tarragona, la cual pasará a denominarse entonces 'Camp de Tarragona'.

Finalmente, se crearán las veguerías de Alt Pirineu i Aran --que se segregará de la de Lleida-- y la de las comarcas centrales --de la de Barcelona--. Es en estos dos últimos casos en los que no se define la capitalidad, y en las que puede haber más polémica, ya que compiten por ella varias ciudades.

Montilla y Ausàs comparecieron conjuntamente para explicar el proyecto de ley de división veguerial y el de creación del Área Metropolitana de Barcelona, aunque fue el presidente quien contestó las preguntas de los periodistas.

El presidente dejó claro que en ningún caso ambos proyectos de ley, que ahora tramitará el Parlament por la vía de urgencia, "no comportan ni más funcionario ni más gasto" público, sino que a su juicio implicarán más racionalidad y calidad en la prestación de servicios por parte de la adminstración local y autonómica.

Tanto él como Ausàs indicaron que, con ambos proyectos, el Govern da cumplimiento no sólo a los objetivos establecidos para esta legislatura, sino también al Estatut. El presidente añadió su deseo de que también salga adelante la ley electoral.

Montilla recalcó que, según una ley aprobada en el Parlament en 1987, con los gobiernos de Jordi Pujol (CiU), establecía que el Govern debía crear al menos cinco regiones y presentar al Gobierno central una modificación de los límites provinciales. "No se hizo ni una cosa ni la otra", aseguró.

NUEVAS COMARCAS

El texto aprobado no dice nada sobre la creación de nuevas comarcas, algo que podría concretarse en el proyecto de ley de Gobiernos Locales, que el Govern quiere aprobar en breve. Precisamente, la creación de nuevas comarcas como el Lluçanès, el Moianès la Vall de Camprodon, el Segre Mitjà, la Alta Segarra o la Selva Marítima son reivindicaciones que han expresado los ayuntamientos y entidades cívicas.

También la futura ley de Gobiernos Locales deberá abordar cuál debe ser el papel de los consejos comarcales. Montilla recordó que el propio Govern ha defendido que hay que modificarlos, para que dejen de ser un organismo con dimensión política para pasar a tener un papel de mancomunadores de servicios a escala supramunicipal.