Las minorías critican que se legisle "al calor de acontecimientos que provocan conmoción social", con medidas como la libertad vigilada
MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y el PP se unieron hoy en el Congreso de los Diputados para rechazar la devolución al Gobierno del proyecto de ley para reformar el Código Penal, que habían solicitado ERC-IU-ICV, PNV y BNG, a los que se unió también Na-Bai. No obstante, en el primer debate en la Cámara Baja del texto del Ejecutivo, todos los grupos mostraron su voluntad de acuerdo para modificar una normativa penal vigente desde 1995, que todos reconocieron como "ineficaz".
Antes de que los portavoces defendieran sus enmiendas de totalidad, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tomó la palabra explicar que con las reformas propuestas, el Gobierno pretende "dar respuesta a cambios habidos en la sociedad".
En su opinión, se había hecho "imprescindible colmar lagunas, perfeccionar algunos tipos penales" y establecer figuras nuevas que facilitasen la lucha contra determinados delitos. Todo ello adoptando una nueva filosofía que sitúa a la víctima en el centro, como "una variable a tener presente en el diseño de la elaboración de leyes más equilibradas y justas".
"Si la sociedad cambia, el Código Penal ha de acompañar reflexivamente estos cambios, con prudencia y con la distancia necesaria", afirmó el ministro, para después hacer hincapié en que las normas penales "no pueden hacerse con el corazón, sino con la razón", para que puedan ser "expresión ponderada y conjunta de la dignidad de todos".
Además, celebró la "acogida razonable" que el proyecto del Gobierno ha tenido entre los grupos y se dirigió a aquellos que han apoyado su tramitación. Del PP, elogió que dé "continuidad al espíritu de acuerdo en materia de Justicia"; de CiU, que mantenga "un diálogo muy fructífero"; a CC le agradeció sus "planteamientos constructivos" y a Na-Bai (que finalmente apoyó las enmiendas a la totalidad), UPyD y UPN, su "disposición al diálogo".
Caamaño se mostró convencido de que su iniciativa se verá "enriquecida" con las aportaciones de los grupos parlamentarios y garantizó la disposición del Gobierno al diálogo, al que quiso sumar también a los grupos que han presentado un rechazo total inicial al texto.
El primer diputado en defender su 'no' al texto del Ejecutivo fue Francisco Jorquera, por el BNG, quien rechazó la "filosofía general" del proyecto, aunque reconoció que no discute que algunas reformas planteadas contienen "aspectos positivos".
En concreto, el diputado gallego criticó que se introduzcan algunas reformas bajo "el paraguas de la mutabilidad social", cuando en realidad se están abordando "sin reflexión suficiente" y "al calor de acontecimientos que provocan conmoción social".
"EN MATERIA PENAL TAMBIÉN HAY CLASES"
Como ejemplo, se refirió a libertad vigilada y el "endurecimiento de la represión de numerosos delitos", algo que, en su opinión, viene a consolidar una tendencia en nuestro Código Penal. Mientras tanto, denunció que se da un "tratamiento benigno" a otros delitos económicos, urbanísticos, medioambientales o contra la Administración, algo que, a su juicio, demuestra que "en materia penal también hay clases".
Por su parte, el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarría, denunció que con esta reforma el Gobierno pretende "introducir de tapadillo la cadena perpetua". En su opinión, es "más honesto" lo que hace el PP, al proponer la prisión permanente revisable, que lo que hace el Gobierno, sin "llamar a las cosas por su nombre".
Olabarría advirtió de que con el endurecimiento penal que nuevamente busca el Ejecutivo, España se dirige a "un Estado de naturaleza policial, al derecho penal del enemigo". El diputado nacionalista afirmó que la normativa penal española es "la más dura" de Europa y aseguró que los presos "no caben en las prisiones".
Además, le pidió al ministro que "no saque pecho" con la defensa de la imprescriptibilidad de los delitos, que pretende alcanzar también a los delitos de terrorismo con muerte, ya que se está "vulnerando" el derecho internacional, según el cual únicamente no prescriben los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
"POPULISMO PUNITIVO"
El portavoz de ERC, Joan Ridao, también denunció que, con esta reforma, el Gobierno vaya "a rebujo" del PP, que, ante "trágicos sucesos que a todos nos han conmovido", está planteando de nuevo "la salida más fácil desde un populismo punitivo que compromete seriamente la convivencia".
Ridao cargó contra el PP por haber introducido el debate sobre la cadena perpetua, que tildó de "auténtica tragedia civil", e insistió en que la pena debe estar siempre orientada a la resocialización de los presos. "Más penas no evitarán que haya más delitos, como que haya más médicos no supone que haya menos enfermedades", afirmó.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, también defendió que el objetivo no debe ser endurecer las penas, sino acentuar la reinserción y prevenir el delito y recomendó al Gobierno que no esté "preocupado" por lo que dicen "su mano derecha" y los medios de comunicación, porque "ambos son insaciables". "Preocúpense más de los ciudadanos, y también de la mano izquierda", apuntó.
Jordi Jané, de CiU, no coincidió con sus predecesores en el uso de la palabra en el análisis de que con esta reforma se esté "respondiendo a golpe de titular mediático", y defendió que hay que dar respuesta a los problemas de la sociedad. Una de las enmiendas de su grupo al texto original tiene claras conexiones con casos actuales, como el de Marta del Castillo, ya que proponen que se castigue que los presuntos delincuentes confundan a las autoridades con versiones inveraces de los hechos.
APOYO DEL PP AL TEXTO DEL GOBIERNO
Mientras tanto, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, defendió que su grupo apoya la tramitación de esta reforma porque "cumple suficientemente" con los compromisos alcanzados en julio de 2008, en el pacto para modernizar la Justicia. Así, dijo, la reforma del Código Penal va encaminada a endurecer determinadas penas, garantizar su cumplimiento eficaz y apoyar a las víctimas.
Trillo aprovechó para defender su propuesta de prisión perpetua revisable, criticada por todos los grupos, para los casos de muerte por atentado, muerte como consecuencia de agresión sexual, magnicidio, genocidio y delitos de lesa humanidad. Rechazó que en la actualidad haya castigos superiores a esa cifra, criticó a los que están "confundiendo a la opinión pública" con este argumento y recalcó que es una medida dentro de la Constitución.
TRILLO: "QUE EL QUE LA HAGA, LA PAGUE"
En conclusión, dijo, lo que el Grupo Parlamentario Popular quiere es un sistema de penas en el que "el que la haga la pague". "Que se sepa por todos que el que la hace la paga y con una prevención especial, que sepan los terroristas, los violadores y los pederastas que causen muertes que van a tener que arrepentirse cada día de su vida en la cárcel", culminó, entre los aplausos de sus compañeros de bancada y los murmullos del resto del Hemiciclo.
Finalmente, por parte del PSOE, el portavoz de Justicia, Julio Villarrubia, aseguró que hay "margen y posibilidad de entendimiento", así como "voluntad política", para mejorar el texto del Gobierno, con el objetivo de que pueda obtener "el apoyo global" de la Cámara.
