MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy la Ley 'Ómnibus', que transpone la Directiva Europea de Servicios manteniendo el artículo 21, que ha provocado la movilización de la mayoría de las asociaciones de taxistas, que se manifestaron hoy en las cercanías de la Cámara para denunciar que se ha avalado "una actividad de taxi paralela y desregularizada", en referencia al alquiler de vehículos con conductor.
Los socialistas lograron salvar el polémico artículo por 169 votos a favor y 166 en contra, más las ocho abstenciones del PNV y Coalición Canaria. Por su parte, el BNG, que había anunciado su abstención en el debate, finalmente votó con el PSOE, en apoyo al acuerdo alcanzado por los socialistas con la Confederación del Taxi de España (CTE), UPTA y UNIATRAMC-UGT sobre una modificación del artículo 21 que satisface las demandas de estas organizaciones.
De este modo, el PSOE logró impulsar una votación específica que sí contó con el apoyo unánime de la Cámara. El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, explicó posteriormente, en declaraciones a los periodistas, que esta modificación, que afecta "a un inciso" de tres líneas del artículo, matiza las condiciones para la actividad de alquiler de vehículos por conductor.
Así, dicha actividad ya no podrá ejercerse "en cualquier parte del territorio independientemente de donde se recojan y dejen los clientes", algo que resultaba "aparentemente contradictorio" con la normativa reglamentaria sobre el taxi y había suscitado los temores del sector. "Esta ley no afecta en absoluto a la competencia de la actividad de los taxistas", incidió, recordando que este sector depende de la competencia municipal y autonómica.
"El artículo 21 no se queda tal y como estaba", subrayó Campa, quien achacó a un pequeño malentendido" las protestas de los taxistas que hoy han colapsado el centro de Madrid. "Es una ley muy compleja", señaló Campa, quien admitió que ha habido "fallos" en los procesos de comunicación del proyecto de ley.
47 LEYES MODIFICADAS
La Ley 'Ómnibus', que reforma 47 leyes españolas para trasponer la Directiva de la liberalización, también incorporó otras enmiendas del Senado relativas a los colegios profesionales, si bien no se aceptaron las propuestas del PP y CiU relativas a la exigencia de visados.
Durante el debate, la socialista María Antonia Trujillo recordó al resto de portavoces que "con todos algo se ha pactado", y restó importancia "al par de temas" (como el artículo 21) que han saltado a la opinión pública, pero aseguró que se trata de impulsar la competitividad de las empresas y no "mantener los privilegios de sectores determinados". "Esta no es una ley del taxi", incidió.
Por su parte, el ponente 'popular' Celso Delgado pidió el apoyo a sus propuestas sobre colegios profesionales para garantizar sus competencias, así como para su "inequívoco" rechazo al artículo 21, ante la "soberbia" de los ministerios de Economía y Hacienda y de Fomento, que han impulsado una "modificación inoportuna" que ha provocado el "temor" de los taxistas. "No protestan por gusto", denunció.
El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, rechazó el artículo 21 porque "no hay forma humana de llegar al consenso" con las posiciones del Gobierno sobre dicho artículo. Asimismo, expresó su apoyo a la enmienda para mantener las competencias de los colegios profesionales, con el objeto de evitar que mucho de estos organismos desaparezcan.
El diputado del PNV, Emilio Olabarria, calificó de "geótica" (con el "novedoso" significado de 'gestión del caos') la tramitación de una norma que afecta a 47 reformas legislativas que, en origen, suponían otras tantas "invasiones competenciales". Respecto al artículo 21, optó por la abstención ante la dificultad de ver una "interlocución vertebrada" con las asociaciones de taxistas.
El diputado de ICV, Joan Herrera, denunció que la Ley 'Ómnibus' "excede con mucho" la finalidad inicial del texto de incentivar la creación de empelo, y lamentó las "excesivas prisas" para cumplir el plazo impuesto por Bruselas, porque muchas de las modificaciones "requerían un debate mucho más sosegado", en especial en materia de transporte. "Es un episodio más de un Gobierno más liberalizador de lo que mandadn las directivas", incidió.
La diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila, explicó que las dificultades de la transposición es consecuencia del "poco tiempo" para discutir con los grupos parlamentarios y los sectores afectados una norma que incluye aspectos "no necesarios" como los de los colegios profesionales y el transporte. No obstante, valoró la "modificación substancial" del acuerdo alcanzado por el Gobierno con algunas asociaciones.
