CASTELLÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario de organización del PSPV de Castellón, Francisco Valverde, ha acusado este viernes al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al PP en su conjunto de "boicotear" el "correcto funcionamiento" de la Justicia para "evitar a toda costa" que el juicio del presidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra, no se celebre hasta después de las elecciones del 22 de mayo, después de que "hayan conseguido retrasar la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado número 5 de Nules hasta el 30 de junio, alegando problemas presupuestarios"
Para Valverde, es "una burla" que la Generalitat pida expresamente que se retrase su puesta en funcionamiento, inicialmente prevista para el 30 de diciembre, tal como se ha publicado en el BOE de este viernes, "porque con esta decisión está condenando al bloqueo absoluto de los otros juzgados, entre los que se encuentra el que lleva el 'caso Fabra', que incomprensiblemente no se ha resuelto a pesar de que su instrucción se inició hace ahora siete años".
El también diputado provincial ha recordado que Carlos Fabra "ha utilizado cuantos medios ha podido, recurriendo absolutamente todas las decisiones posibles, para retrasar al máximo el juicio, con el único objetivo de mantenerse mientras tanto al frente de la Diputación".
Por ello, considera un "ataque directo" a la democracia que "ahora la Generalitat argumente problemas presupuestarios para evitar la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado y bloquear así el resto, cuando sí han tenido millones de euros para los 'bigotes', 'Correas' y demás 'amigos del alma' de Camps".
Para Valverde, "retrasar la puesta en funcionamiento de un nuevo juzgado en Nules, donde los expedientes se amontonan en el suelo ante la absoluta falta de medios, no sólo es grave desde el punto de vista de que supone más retrasos en el caso Fabra, sino para todos los ciudadanos y ciudadanas con causas pendientes en esos juzgados que no pueden resolverse por falta de medios".
Por último, ha insistido en que "impedir o poner trabas para impulsar nuevos juzgados es cercenar directamente un derecho fundamental, recogido en nuestra Constitución, como es la correcta aplicación de la Justicia".
