Un responsable de la Sareb asevera ante la Audiencia Nacional que en Son Bordoy se vivió una situación de "barra libre"

Archivo - Imagen de la fachada de la Audiencia Nacional (Madrid)
Archivo - Imagen de la fachada de la Audiencia Nacional (Madrid) - ÓSCAR CAÑAS - EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: jueves, 13 mayo 2021 13:53

Apunta que el proyecto urbanístico era "inmaduro": "Empieza en 2006, y estamos en 2021 y no hay ni una excavadora en el solar"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Uno de los responsables de control interno de la Sareb --la compañía que absorbió los activos tóxicos de las cajas de ahorro--, José Antonio García-Argudo, ha señalado este jueves ante el tribunal que juzga a exdirectivos de Sa Nostra por la operación inmobiliaria de los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca, que ya desde el origen se vivió una situación de "barra libre" de préstamo sobre un proyecto con un plan urbanístico "inmaduro".

Esta ha sido la sexta sesión de la vista oral que se celebra en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra los directivos de Sa Nostra Pablo Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y el empresario Javier Collado --no se va contra el promotor Martín Gual porque falleció--. A todos ellos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación indebida, subsidiario de delito continuado societario, y pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.

La operación que ha acabado sentándoles en el banquillo data de 2008 cuando la entidad dio el visto bueno a que Martín Gual se quedara con los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca, por medio de la subrogación de la deuda de esos terrenos, a cambio de que Sa Nostra le comprara su parte en dos sociedades, Sepik y Paine.

Hoy, el responsable de la Sareb, propuesto por esta misma sociedad que ejerce la acusación particular, ha explicado que si bien la subrogación --pasar una deuda de un deudor a otro-- se produce en 2008, el origen está en 2006, cuando los ejecutivos de Sa Nostra le dan un crédito personal de 30 millones a FBex --anterior sociedad que iba a explotar los terrenos de Son Bordoy--.

García-Argudo ha puesto el foco en que FBex era por entonces una compañía con deudas con la Hacienda Pública, por eso ha indicado que les llama la atención ese crédito, que además deriva en una situación de "barra libre" en la que no pagan intereses y se va restructurando el crédito, "no es una operación ortodoxa".

EL EFECTO BOLA DE NIEVE

Esto, ha relatado a preguntas de la fiscal, produjo un "efecto de bola de nieve" que fue creciendo hasta que la deuda queda deformada respecto de la garantía inicial, y todo en relación a unos terrenos, los de Son Bordoy, que contaban con una "inmadurez total" en el desarrollo del posible plan urbanístico. "Empieza en 2006, y estamos en 2021 y no hay ni una excavadora en el solar", ha apuntado.

De hecho, ha enfatizado que a día de hoy ni si quiera se cuenta con un proyecto de urbanización definitivo, es provisional y ha calculado que se pueden tardar otros 15 años en sacar viviendas al mercado en ese solar. "Era un erial, y cuando llega a --manos de-- Sareb vemos que no hay gestión activa y ejecutamos el concurso de acreedores" para la sociedad Haras y Nueva Palmira, ambas del Grupo Martín Gual.

Sobre la subrogación hacia las sociedades de Martín Gual, García-Argudo ha resaltado que les llamó la atención al estudiar el caso que ese grupo "tampoco tenía capacidad de generar 'cashflow' para pagar intereses", por lo que ha indicado que fue una "mala praxis financiera", argumento que va en consonancia con lo sostenido por los peritos del Banco de España y por el de PWC.

A este punto ha llegado después de hacer un repaso sobre las funciones de la Sareb, sobre qué encontraron al recibir los activos tóxicos de Banco Mare Nostrum (BMN) --banco que compró Sa Nostra y que por tanto heredó los problemas anteriores de la caja-- y tras apuntar que los créditos relativos a la operativa que se juzga formaban parte del paquete de activos tóxicos que les llegaron de BMN relativos a lo que se conoce comúnmente como la época del ladrillazo.

Además, ha indicado que cuando se traspasan activos a la Sareb se hacen a precio administrativo y no de mercado, si bien luego en 2015 se tasan de nuevo para saber el precio real. Y ha resaltado a preguntas del letrado de Sareb que cuando se ceden esos créditos, BMN --luego absorbido por Bankia, que ahora es Caixabank-- renuncia a cualquier derecho sobre los mismos. "Es una cesión total y absoluta", ha añadido.

CONCURSO DE ACREEDORES

Con esto, destacaba que quien debe tratar de cobrar la deuda generada por esos créditos vinculados a Son Bordoy es la Sareb con el respaldo del Estado español, por lo que ha recordado hasta en dos ocasiones que lo que deje de pagar Haras --sociedad del grupo Martín Gual que se quedó con esos terrenos-- lo pagará la sociedad española. "Lo que no cobremos de los deudores lo tenemos que pagar entre todos, cuando cobremos de Haras, lo que dejemos de cobrar se tendrá que socializar", ha explicado.

Así, ha insistido en que dado que ellos como Sareb eran acreedores, y puesto que Haras cuenta a día de hoy con el derecho de construcción en esos terrenos --"tiene la mano en el grifo"--, instaron el concurso de acreedores en esa sociedad habida cuenta de que la deuda seguía aumentando.

Y ha subrayado que ellos tasan los terrenos en 16 millones atendiendo a lo que creen que valen, ya que ha opinado que quien tasa en 80 millones no se atiene a la realidad del planeamiento urbanístico actual. "Si valiera 80 millones no estaría en Sareb, traiga un comprador que quiera eso, (...) la cantidad es tan desfasada que es imposible alcanzarla", ha añadido .

Además del responsable de Sareb, este jueves han declarado por videoconferencia dos personas que formaron parte de órganos de decisión de la caja. Una de ellas, que además era directora de una de las sucursales de Sa Nostra ha destacado que ella como representante de los trabajadores se posicionaba en contra de inversiones inmobiliarias que proponían los directivos porque consideraba que las cajas "no deberían actuar como bancos sino para las familias y las pequeñas empresas", por lo que iba en contra de estas grandes operaciones de ladrillo.

Al igual que el resto de testigos ha indicado que en las reuniones les exponían con diapositivas operaciones que se llevaban en el orden del día, pero ha explicado que no conocían si había informes de analistas de riesgos que hubieran desaconsejado previamente esos proyectos. Y ha subrayado que, de haberlos conocido, "hubiera cambiado el sentido del voto de muchos consejeros".

DESVÍO DE FONDOS

Según el escrito de acusación de Fiscalía, desde la caja de ahorros hoy ya desaparecida entre 2005 y 2010 se produjeron sucesivas operaciones de financiación al Grupo Martín Gual, que fueron concedidas sin valoración real de los riesgos, sin tasaciones actualizadas y sin estudios de viabilidad. "El resultado fue el desvío de una parte importante de los fondos entregados, que quedaron definitivamente en manos ajenas a la caja de ahorros, así como la causación de un perjuicio patrimonial relevante a la entidad", indicaba.

La acusación sostiene que en 2008 dadas las dificultades financieras de grupos empresariales financiados por Sa Nostra y con el propósito de
ocultar la situación financiera real que eso generaba en la entidad, Batle, Dols y Oliver "se concertaron con Martín Gual para que éste se
colocase en el lugar de las sociedades Grupo FBex y Grupo Ibercom, fuertemente endeudadas con Sa Nostra y que en ese momento atravesaban grandes dificultades financieras".

"El objetivo era mantener oculto ante terceros el progresivo deterioro patrimonial de la Caja, y Martín Gual aceptó colocarse en la posición de tales deudores porque para ello no habría de asumir riesgo alguno. En su lugar, percibió un importante beneficio económico", sostenía el Ministerio Fiscal.

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