Márquez desvela que, durante dos mudanzas realizadas en la Dirección General de Trabajo, se "destruyeron" algunos expedientes
SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez ha defendido este martes que el sistema de ayudas investigadas por la juez Mercedes Alaya era "perfectamente legal", aunque ha reconocido que, "a estas alturas, sigue sin conocer el contenido del convenio-marco" firmado en 2001 que regulaba dichas ayudas, pues "ni lo leyó, ni lo estudió ni lo analizó", sino que "se lo explicaron" y le dieron una serie de "directrices".
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla imputa al exalto cargo sendos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, malversación, prevaricación omisiva y activa, y falsedad en documento oficial, según han informado a los periodistas abogados presentes en la declaración, que ha finalizado a las 22,00 horas tras casi ocho horas de comparecencia, la cual continuará nuevamente este miércoles con preguntas de la magistrada.
De este modo, y según han informado fuentes del caso, a preguntas de la juez Mercedes Alaya el imputado ha contestado que "a estas alturas, sigo sin conocer el contenido del convenio-marco del procedimiento específico", aunque las fuentes han señalado que estas afirmaciones no están recogidas literalmente en el acta de la declaración, aunque sí el sentido de sus palabras.
Durante su declaración, Márquez ha asegurado que recibió "indicaciones" por parte del entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, para "dar cobertura administrativa a los compromisos ya adquiridos", a lo que se suma que el propio exconsejero le dijo que "donde no hubiera convenio, que lo hubiera".
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla le ha preguntado igualmente si no le preocupaba la legalidad del procedimiento, a lo que ha contestado que "no" porque lo que le preocupaban "eran los temas financieros", añadiendo que no sabía si se realizaba una fiscalización previa de las ayudas, porque "para eso estaban los funcionarios y yo soy un político", mientras que también ha dicho que no ha visto "nunca" a un interventor y que él no dirigía la Dirección General de Trabajo, sino que la "coordinaba".
"DÉFICIT ADMINISTRATIVO"
Ha afirmado que fue en febrero de 2009 cuando "se hizo una idea del déficit administrativo existente en la Dirección General de Trabajo", e inmediatamente lo puso en conocimiento del exconsejero y del entonces viceconcejero del ramo, Agustín Barberá, a lo que les comunicó este extremo de forma verbal en las reuniones que mantenían los lunes, a lo que se suma que realizó un informe a tal efecto.
Preguntado sobre si el procedimiento de las ayudas lo conocían el presidente de la Junta y el resto del Gobierno andaluz, tal y como dijo Fernández, ha aseverado que "si lo ha dicho Fernández, será así". También le ha preguntado la juez si "no es verdad que había un vacío administrativo y que las ayudas no se publicaban en el BOJA", a lo que el imputado ha respondido que "no creo que los funcionarios se lean el BOJA".
El abogado del imputado, Manuel Pérez Cuajares, ha explicado a los periodistas que Juan Márquez, en su declaración, ha defendido que el sistema de ayudas era "perfectamente legal, normalizado y válido", y que al detectar un "déficit administrativo" intentó impulsar una serie de mejoras.
DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES
Durante la sesión de la tarde, el imputado ha asegurado que, durante dos mudanzas de la Dirección General dentro del edificio de la Consejería de Empleo, "unos expedientes se mandaron a los servicios centrales y otros se destruyeron", aunque no ha sabido concretar de qué expedientes se trata ni con qué criterio se mandaron destruir.
La magistrada, que imputa cuatro delitos a Juan Márquez, considera que, a pesar de los informes jurídicos de empresas auditoras que cuestionaban la legalidad del procedimiento iniciado en época de Francisco Javier Guerrero, el imputado continuó aplicando el mismo "y dando ayudas sin procedimiento", en total 114 ayudas sociolaborales y 17 ayudas directas a empresas por valor de 154.250.040 euros.
De este modo, Márquez "mantuvo el procedimiento a pesar de tener conocimiento del uso abusivo de los fondos públicos, de sus consecuencias ilegales y de las ayudas regaladas a personas próximas a la Junta de Andalucía y al PSOE". "Mantuvo el sistema aunque era jurídicamente inexplicable", ha imputado la juez a Márquez.
LOS HECHOS QUE LA JUEZ LE IMPUTA
Al hilo, la magistrada le ha imputado que "continuó el procedimiento" establecido por Guerrero "a sabiendas de su ilegalidad, violando el artículo 133 del Estatuto de Autonomía" andaluz, que señala que "la Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico".
Tras señalar la juez que el imputado también otorgó ayudas sociolaborales "en contra de la legislación europea" y que "no ordenó el procedimiento de reintegro" de determinadas ayudas, la magistrada le atribuye, en relación al ERE de 2007 de Mercasevilla, haber continuado el compromiso adquirido por Guerrero "causando un quebranto económico de nueve millones de euros".
Por último, la juez Alaya le imputa haber otorgado 30 ayudas a Huelva "con la intención de favorecer a su sector". La comparecencia se reanudará este miércoles a las 10,30 horas.
