Resumen.- Malaya.- Interventor dice que el convenio de Crucero Banús no ha supuesto perjuicio para el Ayuntamiento

MÁLAGA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El interventor del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Castro, ha asegurado en la sesión de este martes del juicio 'Malaya' sobre la presunta trama de corrupción en Marbella, que el Consistorio "no ha sufrido perjuicio" con el convenio urbanístico por el que se desarrolló la operación Crucero Banús, porque, tal y como ha explicado "no ha habido edificación de ninguna clase", aunque ha manifestado que en el momento concreto del desarrollo del acuerdo no lo supo y que por eso pidió un informe.

Según el fiscal, en la operación Crucero Banús, el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el acusado Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela en Marbella sobre la que lograr, con un convenio, aumentar la edificabilidad y reducir los aprovechamientos del Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas, también acusado.

Castro, que ha declarado en calidad de testigo propuesto por el abogado del Ayuntamiento de Marbella, ha señalado que las valoraciones de convenios que realizaba el Consistorio marbellí venían hechas "siempre por técnicos privados" y que nunca era elaborados por técnicos municipales, a pesar de que eso era una petición suya desde 1997.

En este sentido, ese requerimiento no era "porque fuese una materia reservada para el funcionario", ya que podía llevarla a cabo tasadores, sino que, a su juicio, en los convenios urbanísticos lo que realizan "no era una simple valoración de un inmueble, sino algo más, como era determinar cuáles son los aprovechamientos urbanísticos que le corresponde al Ayuntamiento".

"Lo que yo pretendía hacer era que los técnicos municipales, conocedores de la materia del urbanismo, informaran a la corporación con la suficiente amplitud para que quedáramos todos tranquilos respecto a lo que se estaba haciendo", ha apostillado Castro, quien ha reiterado en relación con el convenio de Crucero Banús que lo que intentó fue que "parte de los servicios técnicos municipales, que me dio la sensación de que no habían participado en la tramitación del convenio, dieran su parecer".

Ha retirado que las valoraciones de convenios "es una materia complicada y exige para mí, como interventor, el conocimiento urbanístico que afecta al Ayuntamiento y por eso requería que fuesen técnicos municipales los que lo hiciesen, y no por la desconfianza hacía la valoración que pudiese designar un tasador, sino por la garantía que debe ofrecer para el Consistorio estas actuaciones".

REPAROS

Por otro lado, ha afirmado que puso numerosos reparos de 2000 a 2003 a los convenios pero que "no tuvieron ninguna consecuencias" porque "no se llevaron a pleno", es decir, a su juicio, no fueron atendidos por el Ayuntamiento. En este sentido, Castro ha apuntado que "nadie se preocupó por subsanar las deficiencias" que él ponía de manifiesto, precisando que tampoco lo hizo el que fuera alcalde de Marbella Julián Muñoz.

Ha explicado que los reparos que ponía a los convenios eran para que los técnicos municipales valoraran y determinaran el aprovechamiento que correspondía al Ayuntamiento. Asimismo, ha insistido en que los informes que se hacían a los convenios urbanísticos del Ayuntamiento "nunca fueron realizados por funcionarios municipales".

Castro ha afirmado que el supuesto cerebro de la trama "nunca" trato con él, añadiendo que, en todo caso, "lo hacía a través del alcalde". Sobre el dinero de los convenios ha señalado que iba al Ayuntamiento y era destinado a funciones públicas ya que, "formaba parte de la Tesorería del Consistorio" y que Roca no tenía a su disposición los caudales públicos del Ayuntamiento de Marbella.

PGOU

El arquitecto director del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, Eugenio Sánchez, ha afirmado que el trabajo que le fue encomendado, además de la redacción del planeamiento, era incorporar a este texto urbanístico "los convenios que el Ayuntamiento firmaba y que éstos cumplieran las normas".

Ha señalado que "en el 90 por ciento de las ocasiones el equipo redactor no tenía relación con los propietarios y si las tenía era por aspectos técnicos, pero nunca temas de valoraciones o económicos" y ha dicho que le contrató el exalcalde Jesús Gil para redactar el Plan del que ha dicho que "hubo muchas modificaciones, propuestas y al final no se aprobó definitivamente ninguna de ellas". "Había muchas modificaciones motivadas por los convenios", ha sentenciado el testigo.

En la sesión de este martes también ha sido interrogado un testigo, experto en economía, propuesto por una de las partes, quien ha intentado justificar que la legalidad del dinero invertido por el acusado Florencio San Agapito. "El origen de los fondos de San Agapito estaba justificado", ha afirmado.

A preguntas del ministerio fiscal, el perito ha indicado que "no es raro" que las personas tengan "gran cantidad de dinero efectivo en su casa" y ha asegurado que "no hay nada ilegal" en que se vaya sacando cierta cantidad del banco para que "lo tengas en tu casa", precisando que "no es lo más racional, pero hay gente que lo hace".