La Fiscalía se opone a dejarle en libertad al acusarle de desviar millones de esta entidad a sus espaldas
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La defensa del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, en prisión incondicional desde el pasado 25 de mayo acusado de blanquear casi 15 millones de euros, ha presentado este jueves ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un certificado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en el que alega que no se siente parte perjudicada y que no ha podido haber en este caso corrupción entre particulares, porque en Brasil no existe este delito, ni corrupción pública, porque se trata de una entidad privada.
Así lo han explicado fuentes de la defensa después de la vista en la Audiencia Nacional para revisar los autos de prisión incondicional del exdirectivo del Barça y de su presunto testaferro en Andorra, Joan Besolí. Ambos están acusados por la juez instructora, Carmen Lamela, de integrar una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de comisiones ilícitas por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol.
El abogado de Rosell, Pau Molins, ha insistido durante la vista en los argumentos que ya esgrimió en el recurso que presentó tras el auto de prisión, reiterando que el expresidente del Barça sí tiene arraigo en España, tanto familiar como patrimonial, por lo que descarta el riesgo de fuga.
Y es que, de hecho, ha recordado que se le han embargado "numerosos activos patrimoniales por valor global muy superior, casi el doble, de la cifra a garantizar". En total, según las fuentes consultadas, 25 cuentas corrientes y depósitos bancarios, 57 fincas y 11 vehículos.
POR EL 'CASO NEYMAR' NO INGRESÓ EN PRISIÓN
En cuanto al riesgo de reiteración delictiva esgrimido por la juez para dictar prisión incondicional, el abogado de Rosell ha subrayado que éste tiene abierto otro procedimiento en la Audiencia Nacional, el del fichaje de Neymar, por el que "nunca ha sido privado de libertad" y la Fiscalía no ha pedido su ingreso en la cárcel. Así, se ha preguntado por qué en un caso sí y en otro no.
Pero además de todo esto, Molins ha introducido en su exposición ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal un elemento nuevo con el que ha pretendido garantizar que la instrucción del caso del presunto blanqueo "no ha acreditado ningún perjuicio".
Según han explicado las citadas fuentes, ha presentado un certificado firmado por el secretario general de la CBF, Walter Feldman, en el que informa de que la confederación es una entidad privada. Con esto quiere decir que no recibe fondos públicos, por lo que su presidente, Ricardo Terra Teixeira --uno de los imputados por presuntamente cobrar los derechos de los partidos-- no es funcionario público, de modo que no ha podido existir corrupción pública.
Terra Teixeira continúa en libertad en Brasil a pesar de estar reclamado por la Audiencia Nacional en este caso. Aparece en los autos de prisión de Rosell y Besolí como una parte fundamental en la trama por haber cobrado presuntamente casi 8,4 millones de euros de las comisiones ilícitas, siempre sin conocimiento de la CBF y "en su perjuicio".
SUBIDA DE LOS INGRESOS
Pero Molins ha insistido ante la Sala, como ya hizo en su recurso, en que no puede haber perjuicio porque la intermediación de Rosell ante la CBF supuso que ésta incrementase sus ingresos por el cobro de los derechos audiovisuales en un millón de euros.
De este modo, al no apreciar "delito patrimonial alguno", se pregunta "qué interés pueden tener las autoridades españolas en velar de modo absolutamente unilateral y paternalista por los intereses de una entidad privada extranjera que no ha manifestado en ningún momento sentirse perjudicada".
Por otro lado, el abogado de Rosell ha argumentado durante la vista que no ha podido existir tampoco corrupción entre particulares, ya que este delito no existe en Brasil. Y al no haber "delito fuente", ha afirmado que no se puede atribuir en este caso.
EL FISCAL ASEGURA QUE HABÍA OTRO CONTRATO
Por su parte, el fiscal del caso, Vicente González Mota, ha insistido en los argumentos que ya esgrimió en su escrito oponiéndose a la libertad de Rosell y ha explicado que efectivamente había un contrato firmado para el cobro, por parte de la CBF, de los derechos audiovisuales del fútbol, pero que al margen de ese existía otro con el que se desviaron millones a través de la empresa Uptrend, según fuentes fiscales.
Según la juez del caso, en noviembre de 2006, Teixeira, en su condición de presidente de la CBF, firmó un contrato con la qatarí International Sports Events (ISE) para obtener los derechos de 24 partidos amistosos disputados por la selección de fútbol de Brasil. Como consecuencia de esta operación, impuso a la compradora el pago de unos fondos de los que en beneficio propio se apoderaron Rosell y Teixeira en perjuicio de la CBF.
Lamela acusa al expresidente del Barça de recibir por esta operación más de seis millones y medio de euros y Terra Teixeira, casi 8,4 millones que desviaron a través de Uptrend, cuyos ingresos y pagos se centralizaban en una cuenta en Andorra.
