MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un 36 por ciento de los directivos españoles aceptaría la práctica de un comportamiento poco ético en su empresa con el fin de salvaguardar su negocio, frente al 42% de la media europea, según las conclusiones de la 13ª Encuesta Global sobre el Fraude 2014 de EY 'Overcoming compliance fatigue: reinforcing the commitment to ethical growth', publicado este miércoles.
La encuesta recoge la percepción de los directivos de grandes compañías de 59 países de todo el mundo, entre ellas 50 españolas, sobre las prácticas de fraude y corrupción corporativas, así como sobre los procedimientos antifraude en las mismas.
En términos generales, la encuesta refleja que la percepción de los directivos sobre la generalización del fraude ha descendido, pasando del 34% al 28% entre 2012 y 2014. Sin embargo, sigue poniendo de manifiesto la buena aceptación de ciertas prebendas y comportamientos comprometedores para conseguir un negocio.
En este punto, precisa que un 18% aceptaría un obsequio relacionado con el ocio y el entretenimiento (el 26% en 2012), un 12% diría que sí a un regalo (el mismo porcentaje que hace dos años), un 10% aceptaría un pago en metálico (un 12% en el sondeo de 2012) y un 8% estaría de acuerdo en hacer "la vista gorda" a los datos de sus estados financieros (frente al 2% de hace dos años).
"Bien sea por las consecuencias de la crisis, bien sea por una progresiva instauración de una cierta ética en los negocios, parece que la preocupación de los ejecutivos españoles antes la generalización de las prácticas corruptas se ha relajado en los dos últimos años", según indica el Socio Responsable de Forensic de EY, Ricardo Noreña.
"A pesar de ello, en la medida en que la economía y los capitales vuelvan a coger velocidad de crucero, las empresas deben estar preparadas y atajar los comportamientos poco éticos evitando elevados costes, también reputacionales", añade.
Además, la presión de los directivos españoles por conseguir sus objetivos empresariales parece ser de las más bajas entre los países analizados, según refleja este informe, y sólo un 6% reconoce haber experimentado un caso de fraude en los últimos dos años. El porcentaje es exactamente el doble, el 12%, cuando se tiene en cuenta el promedio de los países de Europa occidental y coincide también con el del conjunto de la muestra analizada.
Otra de las cuestiones que en estos dos últimos años también parecen haber "perdido fuelle" entre las empresas es la instauración de procedimientos y políticas antifraude y corrupción y de cumplimiento, incluyendo códigos de conducta. Actualmente, un 54% de los consultados las tiene en cuenta frente al 74% de los sondeados hace dos años, a la vez que España ocupa las últimas posiciones en contar con estas medidas sobre el conjunto de los países analizados; solo los países bálticos y Egipto están por debajo.
Al mismo tiempo, también son más laxas las políticas de penalización de no cumplimiento en España respecto a hace dos años: un 56% frente al 68% de los directivos así lo reconoce. Y, hoy por hoy, solo un 20% de los directivos españoles tiene en consideración la instauración de un canal de denuncia (whistleblowing) para los empleados en las empresas.
Otra de las cuestiones analizadas cuya importancia va 'in crescendo' cada año en esta encuesta es la percepción ante el cibercrimen. En concreto, en España, un 58% de los preguntados considera esta cuestión como un riesgo considerable o muy elevado, y ocupa la decimoquinta posición entre los más preocupados por este asunto, de los 59 países analizados.
En lo referido a los principales autores de ciberdelitos que más quebraderos de cabeza generan a los directivos en España, a la cabeza se sitúan los hackers o hacktivistas (un 58%), le siguen los propios empleados o colaboradores (40%), los ciberdelincuentes procedentes de la competencia (un 38%), el crimen organizado (16%) y, por último, el procedente de otros estados (4%).
