MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Empleo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, defenderá este martes en el Pleno de la Cámara la admisión a trámite de una proposición de ley para modificar la Ley de Contratos Públicos y la Ley General de Subvenciones de modo que se 'premie' a las empresas que cumplen con su obligación de reservar un 2% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad.
Campuzano defiende que "la contratación pública puede y debe contribuir a conseguir objetivos sociales y medioambientales", un objetivo para el que las 'cláusulas sociales' pueden servir de gran ayuda, tal y como reconoció la subcomisión parlamentaria que hace dos legislaturas recomendó por unanimidad de los partidos promover la responsabilidad social de las empresas.
De este modo se podría "enviar señales al mercado de que serán reconocidas y premiadas las empresas que brindan a la sociedad un valor adicional en materia ambiental y/o social". "En la contratación pública se debe tener en cuenta si el adjudicatario contribuye a conseguir objetivos sociales y está comprometido con las personas más desfavorecidas", insiste el diputado.
Entre otras cláusulas sociales se pueden incluir en los contratos públicos baremos como el número o porcentaje de trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión que ejecutarán el contrato, la subcontratación con Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el porcentaje de plantilla indefinida o la salvaguarda y cumplimiento de los Derechos Humanos y estándares laborales.
SIN NUEVAS OBLIGACIONES
En este contexto, CiU propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público para exigir que se certifique el cumplimiento de la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad para poder participar en la licitación de cualquier contrato vinculado con el fomento de la ocupación. En caso de no llegar a ese porcentaje, debería demostrarse que se han adoptado las medidas alternativas correspondientes, mientras que en el resto de contratos la acreditación debería hacerse antes de formalizar el contrato.
"Al igual que se exige que se acredite el cumplimiento de normas de garantía de calidad y de gestión medioambiental creemos que también se debe exigir el cumplimiento de esta obligación laboral, que resulta plenamente lógica ya que la Administración no debe tener contrato alguno con quien infringe la regulación legal vigente", alega CiU, que recuerda que este cambio normativo "en absoluto crea obligación legal alguna" sino que sólo exige el cumplimiento de lo que ya existe.
Por otra parte, los nacionalistas catalanes apuntan a la necesidad de "ahondar" en la reserva de contratos para los centros que emplean sobre todo a discapacitados o personas en riesgo de exclusión, concretando que se reservará el 7% del importe total anual de la contratación a los Centros Especiales de Empleo cuando al menos el 70% de los trabajadores afectados sean discapacitados, y a Empresas de Inserción cuando al menos el 30% de los beneficiados sean personas en situación de riesgo o exclusión social.
Quedarían excluidos los contratos de obra y concesión de obra pública, y el importe económico reservado no podrá ser inferior al 2% del presupuesto que se hubiera destinado a este concepto en el ejercicio anterior. También se modificaría la normativa para eximir a este tipo de centros de empleo de la obligación de constituir una garantía.
TAMPOCO SUBVENCIONES PÚBLICAS
En el mismo sentido, los nacionalistas catalanes defienden que la misma acreditación debe ser necesaria para poder beneficiarse de alguna subvención pública, excluyendo de esta posibilidad a quienes incumplen las normas para favorecer la contratación de discapacitados o a quienes realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas, que ya están contemplados como delitos en el Código Penal o en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
"Sería una burla a las leyes que sujetos que han sido condenados en el orden penal o sancionados en vía administrativa por tan graves conductas obtengan beneficios o subvenciones como 'premio' a su comportamiento", señala Campuzano.
En el ámbito de las subvenciones, CiU también plantea que sea necesario acreditar, antes de que se conceda la ayuda, que se está al día con el cumplimiento de la obligación de reservar un 20% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad.
Según informa Convergència i Unió en una nota de prensa, los contenidos de esta propuesta están respaldados por el CERMI, la Plataforma del Tercer Sector y CEPES, que han pedido al resto de grupos parlamentarios que apoyen la propuesta para, "a través de la capacidad de compra de las administraciones públicas, contribuir a la realización de objetivos sociales como la inclusión, el empleo o la accesibilidad".
