MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso ha rechazado este martes, con los únicos votos del PP, reclamar una auditoría independiente sobre el cumplimiento de los derechos laborales en las empresas multinacionales españolas que operan fuera de nuestras fronteras, así como cambios legislativos para proteger las condiciones de trabajo de los ciudadanos de otros países, tal y como pedía Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Los independentistas catalanes registraron esta propuesta hace un año, tras el derrumbe de un edificio en Dhaka (Bangladesh) en el que murieron 400 personas y más de un millar resultaron heridas al quedar atrapadas en los talleres en los que trabajaban. Una tragedia que se produjo pocos meses después de otro incendio en la población bangladeshí de Tazreem, donde murieron otros 112 trabajadores y hubo más de un centenar de heridos.
Ante estos hechos, ERC recuerda que la mayor parte de talleres donde se han registrado siniestros en los últimos años producen para empresas estadounidenses y europeas, y que muchas de ellas "no respetan las condiciones laborales oportunas".
"Los índices de mortalidad en los talleres de confección de ropa indican que es necesario adoptar medidas más contundentes para el respeto de los derechos laborales y humanos en los países productores. Pero los gobiernos occidentales también deben tomar medidas para que sus empresas, en su producción --propia o subcontratada-- cumplan con los derechos humanos", argumentan.
INDEMNIZACIONES ADECUADAS
Por eso, la formación pedía una auditoría independiente sobre las empresas que "pudieran estar involucradas en la producción y comercialización de textiles sin cumplir con los derechos laborales" para que el Congreso pueda realizar propuestas legislativas internacionales en pro del cumplimiento de esos compromisos.
Asimismo, cree necesario que se hagan respetar todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tanto a nivel bilateral como en las instancias internacionales, y que se aborden las modificaciones legislativas necesarias para "introducir la exigencia de que las administraciones públicas de los países importadores incluyan cláusulas sociales en sus compras".
Finalmente, reclamaba que las empresas españolas que contrataban a talleres afectados por este tipo de tragedias "indemnicen adecuadamente a las víctimas y se comprometan a establecer cláusulas de responsabilidad social que eviten la producción en países que no garantizan la seguridad de los trabajadores".
