La Sala Penal del TS recurre a un juez de Civil para una querella contra Belarra por el 'caso Alberto Rodríguez'

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha tenido que recurrir a un magistrado de la Sala de lo Civil para poder abordar la querella presentada por el Foro Libertad y Alternativa (L&A) contra la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al no contar con un número suficiente de jueces que no haya estado vinculado a la sentencia emitida contra el exdiputado Alberto Rodríguez, cuestionada por la líder de Podemos.

Fuentes del Supremo han confirmado a Europa Press que la Sala de lo Penal ha llamado al magistrado Francisco Arroyo para conformar el tribunal que decidirá si admite a trámite o no la querella interpuesta contra Belarra el pasado noviembre por un presunto delito de calumnias por sus comentarios sobre los jueces que juzgaron a Rodríguez.

Las mismas fuentes han precisado que no es que no haya suficientes magistrados en la Sala de lo Penal, sino que seis de los que hay se han abstenido por haber redactado la sentencia contra Rodríguez, que fue objeto de críticas por parte de Belarra.

A la lista se suman las abstenciones del presidente de la Sala, Manuel Marchena, que también participó en el juicio, y del magistrado instructor de la causa de Rodríguez, Antonio del Moral. Constan, además, los magistrados que se han hecho cargo de los recursos presentados por el dirigente y otros dos jueces miembros de la Junta Electoral Central que podrían tener que intervenir en el proceso de nombramiento del diputado que asumirá el escaño de Podemos, según ha publicado El Español.

El Foro Libertad y Alternativa inició la acción legal contra Belarra por el mensaje que publicó en redes sociales en el que cuestionaba la sentencia contra Rodríguez y la posterior retirada del escaño.

El día que se ratificó la querella, Fernando García-Capelo --miembro de L&A-- señaló a las puertas del tribunal que el hecho de que "un ministro del Gobierno impute de manera directa un delito al Supremo altera de manera total el equilibrio del sistema y abre una puerta que si no se cierra avoca a un enfrentamiento constante en el que la independencia de la Justicia quedará seriamente afectada".

EL MENSAJE DE BELARRA

La líder de Podemos calificó de "prevaricación" la retirada del escaño al diputado y acusó al Supremo de presionar a la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, para que se lo quitara pese a que "ambos sabían" que esa inhabilitación no es lo que dice la sentencia.

"Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación", indicó en Twitter.

La fundación aseguró que la "acusación" de Belarra excedeía "ampliamente" el derecho a la libertad de expresión y "es presuntamente constitutiva de un delito de calumnias contra las autoridades del Estado y contra el Tribunal Supremo".

En un comunicado emitido en octubre, L&A señaló que, a su juicio, las declaraciones de la ministra formaban parte de una "actuación conjunta" por parte de Unidas Podemos con el objetivo de "erosionar las instituciones y debilitar los controles previstos al poder político, con objeto de alterar el sistema democrático liberal y dirigirlo hacia el colectivismo estatalista".

El pasado octubre también se pronunció la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reprochar a Belarra su mensaje en redes sociales.

En un comunicado, mostró su "absoluto y rotundo rechazo" a las manifestaciones de la ministra "con mayor rotundidad que en otras ocasiones" porque atribuían "la comisión de un delito a sus magistrados", una afirmación que, a su juicio, "excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión" además de "generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación".