El colectivo, que se encarga de custodiar pruebas, pide al juez y al fiscal que pregunte al encargado de vigilar los dispositivos
MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los secretarios judiciales, encargados de custodiar los efectos del delito, consideran "importante" que la Audiencia Nacional investigue qué persona fue la encargada de vigilar y entregar los ordenadores utilizados por el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas en la sede de Génova y descubrir si el borrado de sus discos duros ha podido dar lugar a una destrucción de pruebas.
El portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), Rafael Lara, ha expuesto en declaraciones a Europa Press la pertinencia de "investigar por qué se ha producido y donde está el disco duro presuntamente desaparecido" del ordenador de marca Toshiba. "Hay que investigarlo para garantizar que el proceso tiene todas las garantías y también porque los ciudadanos están asombrados", ha advertido.
Lara ha instado a aclarar si el requerimiento judicial sobre la entrega de los ordenadores, que, según Bárcenas, contenían apuntes sobre la supuesta 'caja B' del PP, "se ha incumplido" al haberse podido borrar pruebas documentales.
Desde la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), su portavoz Carlos Artal ha subrayado que el juez Pablo Ruz y la Fiscalía deberían "verificar si este hecho tiene alguna responsabilidad penal para depurar responsabilidades". "Algún tipo de responsabilidad debe haber incluso morales y políticas", ha apostillado.
"Lo mejor es incautar los ordenadores cuanto antes y evitar que pase el tiempo. Si llega un ordenador que está reseteado, hay que investigar el por qué", ha indicado Artal, para explicar que, en este caso, la destrucción se hizo con anterioridad a que el secretario judicial recibiera los ordenadores que quedaron custodiados en el Juzgado.
JPD PIDE ACLARAR DUDAS PARA VALORAR SI HAY DELITO
En la misma línea, la asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha advertido de que la actuación del PP con los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas genera "muchas dudas" que "tendrían que ser aclaradas para que se pudiera valorar si puede existir un delito de encubrimiento y destrucción de pruebas".
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha afirmado a Europa Press que el artículo invocado por la formación política relativo a la Ley de Protección de Datos se refiere a la destrucción de datos personales. "No se entiende que se haya destruido absolutamente todo el disco duro", ha remachado.
El PP alega que la Ley de Protección de Datos obliga a borrar y formatear los ordenadores cada vez que un usuario lo devuelve a la empresa para que lo pueda utilizar otro. Explica que en esta norma hay una "guía sobre almacenamiento y borrado seguro de información" desarrollada en el Real Decreto de 21 de diciembre de 2007.
En su artículo 92.4 dice que "siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior".
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