MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a otros miembros de la Mesa de la cámara autonómica incluidas en las últimas resoluciones dictadas por este órgano podrían tener consecuencias en las próximas semanas, cuando se resuelva el fondo de los diferentes recursos (incidentes de ejecución) presentados por el Gobierno. Una de ellas pasaría por remitir el asunto a la Fiscalía para que pueda proceder contra el principal responsable del órgano legislativo.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes del órgano de garantías, que recuerdan que la situación es muy similar a la que se dio en 2017, cuando a la entonces presidenta hoy condenada en el juicio del 'procés' Carme Forcadell y otros diputados se pes dedujo testimonio por sus decisiones respecto al denominado "proceso constituyente" de la República Catalana, permitiendo así la apertura de vías penales como consecuencia de sus reiteradas desobediencias.
Por el momento, Torrent ha sido advertido en cuatro ocasiones de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las suspensión acordada por el Tribunal Constitucional respecto de diversas mociones sobre autodeterminación e independencia. Otra de las decisiones suspendidas incluía una reprobación al Rey Felipe VI por su intervención del 3 de octubre de 2017.
En todas estas advertencias, el TC apercibe a Torrent e las eventuales responsabilidades, "incluida la penal", en las que pudiera incurrir si desobedece sus directrices.
REFORMA DE LA LOTC DE 2015
Otra de las posibilidades para que el TC pueda hacer cumplir sus resoluciones pasa por la aplicación del artículo 92 de la Ley Orgánica que regula la actividad de este órgano, la LOTC, que fue reformado en octubre de 2015 precisamente para reforzar la ejecución de las resoluciones.
El uso de este artículo, si embargo, no parece que se plantee por el momento existiendo la posibilidad de poner la desobediencia de los dirigentes parlamentarios catalanes directamente en manos de la Fiscalía, según las fuentes consultadas.
Según el punto 4 del citado artículo 92 de la LOTC, si el tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de sus resoluciones podrá adoptar cualesquiera de las tres medidas siguientes: imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades que incumplieran sus resoluciones; acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento e incluso ejecutar de forma "sustitutoria" las resoluciones desobedecidas, para lo que podrá requerir la colaboración del Gobierno.
CARRERA POR LA SUSPENSIÓN
El último capítulo del desencuentro entre el TC y el Parlament se ha producido este martes, cuando el Pleno del tribunal a adelantado su hora habitual de reuniones para actuar frente a la intención del Parlament de aprobar a primera hora de la mañana la moción de la CUP que pide que la Cámara reitere "su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán".
Así, ha suspendido los acuerdos que permitieron la tramitación de la moción si bien no ha podido evitar que a esa misma hora se estuviera realizando la votación de la iniciativa en la cámara autonómica, donde ha resultado aprobada con los votos de JxCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes.
