Puigdemont no ha declarado al habérsele negado comparecer por videoconferencia
MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La vista del Tribunal de Cuentas (TCu) por la presunta responsabilidad contable del expresidente catalán huido Carles Puigdemont y otros 34 excargos de Cataluña por el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern ha terminado con la incógnita de si se suspenderá el procedimiento a raíz de la proposición de ley de amnistía que el PSOE presentó el pasado lunes.
La sesión de este viernes, que ha durado menos de dos horas, se ha celebrado después de que la consejera del Departamento 2 de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, rechazara la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y del resto de encausados de ERC de suspenderla por la proposición de ley de la amnistía.
Aunque la consejera ha acordado celebrar la vista, ha avisado al inicio de la sesión de que más adelante se pronunciará por escrito sobre si suspende el procedimiento ante la proposición de ley de amnistía.
Fue el martes cuando los encausados de ERC pidieron la suspensión del juicio a la espera de la aprobación de la ley de amnistía. Los republicanos alegaron que era "altamente probable" que la entrada en vigor de la norma tuviese lugar en los próximos meses y apuntaron que el juicio de este viernes podía "acarrear cargas procesales innecesarias".
Los de ERC no han sido los primeros en pedir la suspensión de la vista. De hecho, recientemente Puigdemont y los exconsejeros huidos Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí solicitaron que no se celebrara la vista porque consideraban que primero debía haber una resolución penal firme. El TCu desestimó esta petición.
FISCALÍA SE OPONE A LA SUSPENSIÓN
Este viernes, la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana han mostrado su oposición a que se suspenda la vista como pide ERC por una futura ley de amnistía. El representante del Ministerio Público ha asegurado que, aunque la petición se basa en la economía procesal y "no puede hacer otra cosa que agradecer" la solicitud porque son principios que comparte, se tiene que oponer porque la suspensión "no se puede subordinar a un acontecimiento futuro".
El fiscal Manuel Granizo ha recordado que la proposición de ley aún no ha sido admitida por la Mesa del Congreso y ha precisado que hasta que el texto no se convierta en ley y entre en vigor no pueden aplicarse los efectos de la misma. "Por lo tanto, no cabe en el momento presente la suspensión", ha apuntado el fiscal.
Así las cosas, la consejera ha acordado seguir adelante con la vista, en la que han comparecido tres testigos. La primera de ellas, la que fuera interventora de la Administración del Estado en Cataluña cuando el 1-O, María Luisa Lamela, ha asegurado que "nunca llegó a controlar" los gastos del 'procés' porque no era su competencia.
LA AUSENCIA DE PUIGDEMONT
Lamela, que ha sido citada a petición de una de las defensas, ha explicado que desde su departamento "no controlaban los gastos" porque no tenían ni competencia ni capacidad para controlar los gastos del independentismo catalán. "Lo que interesaba es que todo viniera firmado por la interventora general de Cataluña", ha apuntado al tiempo que ha reconocido que tenía "muy buena relación" con Rosa Vidal.
La declaración como testigo de Lamela ha tenido lugar después de que finalmente Puigdemont no declarara al no habérsele permitido hacerlo por videoconferencia. Su abogado, Gonzalo Boye, ha argumentado que planteó su petición a última hora porque hasta el último momento no se sabía si el expresidente podía venir con la ley de amnistía.
La mayor parte del interrogatorio a la exinterventora ha estado a cargo de la defensa de Puigdemont, quien ha preguntado por las facturas de Unipost y por las decisiones del Consejo de Ministros de "cortar" la financiación 'procés'. Lamela se ha limitado a contestar de forma reiterada que no controló los gastos porque no era su competencia.
Asimismo, la defensa de Puigdemont ha incidido en el hecho de que Lamela es hermana de la primera juez instructora del 'procés', Carmen Lamela. La testigo ha asegurado que ella y su hermana no hablan de temas profesionales, pero la consejera del Tribunal de Cuentas ha intervenido para avisar de que no tiene necesidad de explicarse.
Este viernes también ha declarado como testigo Antoni Millet, antiguo miembro del comité ejecutivo del Diplocat, a quien le han preguntado por las reuniones del organismo después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en 2017. Ha asegurado que el ente no se llegó a disolver, pero que no se reunió hasta principios de 2018.
Asimismo, ha comparecido como tercer testigo Alfonso González Bondía, el profesor titular de Derecho Internacional de la Universitat Rovira i Virgili a quien se contrató para elaborar un censo de tratados internacionales suscritos por el Estado español. Ha explicado que le contrataron en 2015 y que el precio se fijó tras preguntar baremos a la fundación de la universidad. La Fiscalía y Sociedad Civil Catalana no han participado en ninguno de los interrogatorios.
La vista de la práctica de la prueba ha durado menos de dos horas dado que la prueba documental se dio por reproducida y solo se han celebrado tres testificales en las que no han preguntado todas las defensas. La consejera ha explicado que, en caso de seguir adelante con el procedimiento, dará un plazo a las partes para que presentes sus conclusiones por escrito.
35 EXCARGOS DEL GOVERN
En esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
Entre los 35 nombres consta --además de Puigdemont-- el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Asimismo, están encausados nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.
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