VALENCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La sala segunda del Tribunal Supremo (TS) deliberará el próximo día 17 de febrero sobre los recursos de casación interpuestos contra la sentencia que condena al anestesista Juan Maeso a 1.933 años de prisión por el contagio del virus de la hepatitis C a 275 pacientes intervenidos quirúrgicamente en cuatro hospitales de Valencia entre los años 1988 y 1997, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En total, se interpusieron seis recursos de casación contra la sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia contra el facultativo. Uno de ellos, por parte del letrado de Maeso, Francisco Davó; otros dos por los afectados; y tres más de entidades declaradas responsables civiles, que son Mapfre, Hermanas de la Caridad de Santa Ana y la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA).
Tras admitir a trámite estos recursos, la sala segunda del TS ha fijado el 17 de febrero como fecha para resolver los recursos, tras los que se podrá confirmar o revocar la sentencia dictada el 14 de mayo de 2007, que le condena a 1.933 años de cárcel al considerarle autor de 275 delitos de lesiones penados con siete años de cárcel por cada uno de ellos y otros cuatro de homicidio imprudente, con dos años de cárcel cada uno.
Asimismo, el tribunal le impuso indemnizaciones que oscilan entre los 49.065 euros para la viuda e hijos de una víctima, 150.000 a los herederos de cada uno de cuatro afectados fallecidos y cantidades globales de 60.000, 75.000, 90.000 y 120.000 para determinados grupos de víctimas, según si sufren una hepatitis leve asintomática; con sintomatología, moderada o grave. En total, desde el inicio del proceso han muerto 23 personas, cuatro como consecuencia directa de la enfermedad.
En la decisión, razonada en una sentencia de 300 páginas, el tribunal, presidido por José Andrés Escribano, absuelve al procesado de los restantes delitos de los que le acusaban las partes, contra la salud pública, homicidio y lesiones por imprudencia, y declara su inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica por 1.941 años. El ministerio público, representado por el fiscal Javier Carceller, solicitaba 2.214 años de cárcel y una indemnización para las víctimas de 30 millones de euros.
El primer contagio que la sala atribuyó a Maeso es del 15 de diciembre de 1988, una niña de cinco años, y el último el 27 de enero de 1998, a una paciente de 51 años que había sufrido una rotura de cadera y que fue intervenida en la Casa de la Salud. El 4 de febrero de 1998 ese centro hospitalario privado le prohibió la entrada al centro al haber dado positivo en una analítica al virus y el 20 de ese mes, dejó de trabajar en La Fe, donde ejercía de Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación del Maternal, tras una reunión con sus superiores.
Los magistrados alcanzaron esta decisión ya que consideraron que existía "abundante y concluyente prueba indiciaria o circunstancial de que el acusado" fue el causante del contagio y subrayó que esta afirmación lo evidenciaba "el estudio de los casos de aquellos afectados que es claro que necesariamente tuvieron que infectarse del virus de la hepatitis C en determinadas intervenciones quirúrgicas", entre los que citó 46.