PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Una de las Uniones Temporales de Empresas (UTE) investigadas en el marco del caso Cloaca, integrada por FCC y Lumsa, ha remitido al juez instructor un escrito en el que asegura que únicamente ha prestado al Consejo de Mallorca el servicio de recogida de residuos y no a ninguna otra administración pública como Ayuntamientos o Mancomunidades, tal y como quería averiguar el magistrado.
Mediante este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la UTE responde así al requerimiento efectuado por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien reclamaba los contratos suscritos con los entes públicos en virtud de los cuales hayan sido realizada la recogida selectiva de papel, vidrio, cartón y envases por el sistema puerta a puerta.
En su escrito, FCC-Lumsa incide en que el único cliente que tiene es el Consejo al haber resultado adjudicataria del concurso de recogida selectiva que convocó la Administración insular. Un contrato que, según esta UTE y la de Resenetma, fue modificado de forma ilegal al ser impulsados los sistemas de recogida puerta a puerta por parte de algunos municipios en perjuicio de las concesionarias de estos servicios, que sufrieron un quebranto, según defienden, de 3,1 millones por facturas impagadas.
Sí afirma que, de forma separada, FCC y Lumsa -"claramente distintas" en sus regímenes jurídicas y personalidad jurídica- han prestado servicios a algunas administraciones. En concreto, se trata de Campos, Esporles, la Mancomunitat des Raiguer, Muro y Sa Pobla.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la práctica de una nueva pericial para determinar el importe facturado al Consejo desde 2006 por las UTE adjudicatarias del servicio de recogida selectiva, a fin de determinar de esta forma si estas uniones de empresas incurrieron en supuestos delitos de malversación de caudales públicos que junto a otros se investigan en este proceso judicial.
El fiscal Miguel Ángel Subirán pedía de esta forma que el economista del Consejo calculase cuántos de los servicios fueron efectivamente prestados por las UTE, después de que la Fiscalía elevase a más de tres millones de euros la cantidad supuestamente desviada por trabajos no realizados, un informe pericial la cifrase en más de cinco millones y las empresas, por el contrario, alegasen que fueron ellas, y no el Consejo, las perjudicadas en este proceso.
Cabe recordar que en el marco de este procedimiento se encuentran imputados, entre otros, la exconsejera insular de Medio Ambiente y ex portavoz de UM, Catalina Julve, el exdirector general de Residuos del Consejo, Guillem Riera, la directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró, María Mascaró, y el funcionario e ingeniero técnico encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva, Gabriel Perelló.
