Visto para sentencia el juicio contra Iberdrola por la supuesta alteración de precios de la luz en 2013

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional contra Iberdrola Generación y cuatro de sus directivos por presuntamente idear un sistema que en diciembre de 2013 provocó una subida del precio de la luz que supuso un perjuicio para los consumidores ha quedado este jueves visto para sentencia tras 21 sesiones y con los encausados renunciando a la última palabra.

Si el pasado miércoles las defensas de los acusados atacaban la falta de pruebas para sustentar esa acusación, este jueves la defensa del directivo de la energética José Luis Rapún ha puesto el foco en el supuesto beneficio que habría obtenido la energética con esta maniobra para destacar que nunca existió. De hecho, ha señalado que, dado que la posición neta de Iberdrola en el mercado a corto en esas fechas era compradora --compró más energía de la que vendió--, se puede afirmar que incluso hubo un perjuicio para la compañía que preside José Ignacio Sánchez Galán.

Por eso, ha aseverado que no puede haber ardid por parte de la compañía porque "nadie urde maquinaciones" para provocar un fenómeno que supone una subida de precios que le perjudica económicamente. En este sentido, ha atacado los informes de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) señalando que su cálculo del beneficio que habría obtenido la compañía era "incompleto" y "simplista" dado que no tenía en cuenta lo que tuvieron que comprar en ese final de 2013.

Tras esto, ha vuelto a incidir en una tesis que desde las defensas han puesto sobre la mesa día tras día y es que el alza de los precios en ese 2013 se debió a la "tormenta perfecta" vivida, a un hecho "insólito y extraordinario", y es que coincidió un periodo de sequía con una elevación de precios del gas, una ola de frío que aumentó la demanda, varias indisponibilidades de plantas y una importante falta de viento.

Para el abogado de Rapún, fue eso lo que provocó el alza de precios, "era lo excepcional", y ha señalado que es relevante porque el objeto del procedimiento no es esa subida sino una repentina elevación achacable a una maniobra de manipulación de Iberdrola. "Y se ha visto en el plenario que no se produjo, ese delito de detracción no ha existido y por tanto no se puede derivar ninguna responsabilidad civil", ha añadido.

"Nadie ha aportado un solo dato que pueda achacar la subida de precios en el mercado a Iberdrola", ha insistido, para apostillar que "lo que ocurrió en 2013 no es algo que no haya ocurrido después, por ejemplo como consecuencia de la guerra de Ucrania".

En esa línea, también ha combatido que esa subida de precios causase perjuicios en el lado de la demanda --"no hay evidencias"--, ha afeado a Facua la pasividad durante el juicio para defender que hubo perjuicio a los consumidores y ha añadido que la práctica totalidad de las comercializadoras negaron haber sufrido perjuicio alguno, salvo dos de las 161 que participan en el mercado.

"NO HAY ÁTOMO DE PRUEBA DE CARGO"

Por su parte, la defensa del directivo Javier Paradinas ha criticado duramente el informe del fiscal y ha señalado que a lo largo del plenario ha quedado claro que "no hay un átomo de prueba de cargo" contra los acusados.

Además, ha resaltado ante el juez, como ya hicieran otras defensas ayer, que el caso nunca debió saltar al ámbito penal y que "se acumulan las razones para una sentencia absolutoria" empezando por que el escrito de acusación del fiscal, del que ha puntualizado que le sorprende que tras seis años de instrucción la conducta imputada se ventile en un solo párrafo "ambiguo" cuando el principio acusatorio requiere que sea "claro y completo".

Dirigiéndose al magistrado le ha indicado que éste "es un caso muy fácil, sin complejidad", porque sólo se ha hablado de temas técnicos y se han imputado delitos que no existen. De hecho, ha apuntado que están en el juicio "por pedir un precio superior al que se podía esperar", algo que no recoge el Código Penal.

"Está chupado este juicio", ha añadido para luego incidir en que la única prueba sobre la mesa es que unos funcionarios --los de la CNMC-- dicen que el precio razonable para el precio de la energía era otro. "Y mi única defensa es ¿y qué?", ha indicado.

Así, ha recalcado que el precio es "libre", que la conducta era permitida por lo que no había antijuricidad, que la compañía siguió su "manual" al caso tal y como reflejan los planes semanales aportados a la causa y que además no existió "orden espuria": "Se ejecutó lo programado".

"UN JUICIO DE CIENCIA FICCIÓN"

Por su parte, la defensa de Iberdrola Generación ha sustentado su informe en atacar el delito por el que el fiscal acusaba a los directivos, el 281 del Código Penal que fija las penas para el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores.

El abogado ha confesado "sentirse extraño en este viaje" y ha tildado la vista de "ciencia ficción" porque, a su juicio, mucho de lo tratado en el juicio no guardaba relación con ese articulado. Y ha indicado que el fiscal debía probar esa detracción "y no lo ha hecho": "Ni un perito, ni siquiera la CNMC ha dicho que (Iberdrola) no haya ofrecido toda la energía disponible" en ese periodo.

Además, ha subrayado que "es difícil defenderse" cuando en el escrito de acusación no hay una sola línea destinada a la persona juridica. Y ha atacado duramente que el fiscal anticorrupción Antonio Romeral deslizara que todo pudo deberse a una suerte de "venganza" del consejo de administración de la eléctrica con el Gobierno por suprimir de los Presupuestos de 2014 la partida del déficit tarifario.

En este sentido, se ha preguntado que si el fiscal veía ese motivo, debía haber imputado al consejo de administración entero y no solo a los cuatro directivos, pero ha apostillado que no lo hizo porque era "un disparate". "Se quedaron con los que es más facil quedarse, y eso que algunos no estaban ni siquiera en las reuniones" donde se fijaban precios, ha explicado.

Tras esto, ha lamentado que la causa haya llegado a juicio, "una desgracia", y ha apuntado que esperaba que el fiscal hubiera retirado la acusación en las conclusiones definitivas, por lo que en nombre de la compañía ha pedido perdón a sus trabajadores por haber acabado en esa tesitura.

Por último, sobre la responsabilidad como persona jurídica de Iberdrola Generación, ha recordado que la compañía ya en 2013 contaba con mecanismos de control que detallaban de manera pormenorizada como visar el proceso.

A LA ESPERA DE SENTENCIA

Tras la celebración de la vista, las partes quedan ahora pendientes de la sentencia del magistrado del Juzgado Central de lo Penal Único, José Manuel Clemente Fernández-Prieto, que, según fuentes jurídicas consultadas, es posible que alargue el redactado de la misma más allá de Navidad.

Cabe recordar que el fiscal del caso solicita la pena de dos años de prisión para los cuatro directivos encausados con accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, relacionado con la generación o comercialización de energía eléctrica.

El Ministerio Público pide igualmente que se imponga a Iberdrola Generación una pena de multa de 5,4 millones de euros. Cifra muy inferior a la que pedía al inicio de 84.891.272 euros.

En noviembre de 2015 la CNMC impuso una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola Generación por la manipulación del precio de la energía eléctrica, considerada como una conducta muy grave, en referencia a las actuaciones realizadas mediante el incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013.