PAMPLONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Consumidores Irache ha criticado las "pérdida cuantiosas de dinero" de personas particulares, en algunos casos de hasta 40.000 euros, motivada por que la promotora con la que habían firmado la compra de una vivienda se ha declarado en concurso de acreedores.
En algunas ocasiones, estas cantidades de dinero corresponden a "pagos irregulares que en ningún momento tenía que haber satisfecho el consumidor", como el impuesto de la plusvalía en alguna promoción de viviendas, o de cantidades abonadas a cuenta antes de la entrega de una vivienda. Dinero que, cuando el consumidor ha reclamado la devolución, ha encontrado que la empresa está en concurso de acreedores.
En un comunicado, Irache señala que algunos afectados han conseguido que los tribunales les den la razón aunque las sentencias no se han podido ejecutar por la situación económica o jurídica de la empresa. Según destaca la asociación, los consumidores "acaban por no cobrar o hacerlo sólo en una mínima parte" ya que "los bancos, los trabajadores o Hacienda tienen créditos privilegiados y recibirán su dinero antes que el consumidor". Además, en caso de que consiga recuperar su dinero el plazo de espera suele ser de varios años.
Irache ha indicado, además, que las promotoras suelen tener sus principales activos hipotecados por los bancos por lo que "frecuentemente llegan a acuerdos con las entidades mediante los que, con la entrega del patrimonio empresarial como suelo o viviendas, dan por saldada la deuda, sin que en ningún momento se tenga presente la deuda adquirida con ciudadanos particulares". En otros casos, ha criticado la asociación, los responsables de las promotoras que van a concurso de acreedores "siguen dedicándose a la misma actividad, en una mercantil con otro nombre o razón social".
Ante estas situaciones Irache propone dos opciones. Por un lado conseguir que en la pieza de calificación del concurso los responsables sean declarados culpables porque actuaron con dolo o culpa grave. Otra posibilidad, es plantear directamente una acción judicial de responsabilidad contra los administradores. Sin embargo, desde la asociación destacan que son vías "que no resultan nada baratas y menos aún cuando la expectativa de cobrar puede ser muy lejana".
Por todo ello, Irache ha pedido la intervención de la Administración "para acabar con unas prácticas que dejan desprotegido al consumidor". Entre las medidas que propone se encuentran una modificación de la ley concursal para que "los consumidores subiesen de escalón a la hora de cobrar las deudas" o que las empresas tengan que mantener fondos de garantía que cubran las deudas contraídas frente a consumidores en casos de quiebras o concursos de acreedores.
